La comisión europea vuelve a comprar más de 146 millones de dosis de la banderilla el bichito

La Comisión Europea compra 146 millones de dosis de Moderna sin decir cuánto paga​

La Comisión Europea ha firmado un contrato para adquirir 146 millones de dosis de la vacuna contra la covid de Moderna destinadas a 17 países, quince de ellos socios comunitarios, entre ellos España. El anuncio oficial llegó con una omisión llamativa: no se ha hecho público el importe del contrato. Bruselas lo justifica como parte de su estrategia para «mejorar la preparación y garantizar el suministro de contramedidas médicas» frente a futuros escenarios sanitarios. La cifra, sin embargo, invita a echar cuentas: 146 millones de dosis para una población europea que ya ha pasado por varias rondas de vacunación y que, según los propios datos de cobertura, difícilmente absorbería ese volumen.

Qué dice el contrato y qué no dice​

El comunicado de la Comisión habla de asegurar el suministro a los países participantes y de proteger a los más vulnerables. Lo que no detalla es el coste unitario, el montante total ni las condiciones de pago. Esa opacidad es la que ha encendido todas las alarmas. En un contexto de presupuestos ajustados y de escrutinio creciente sobre el gasto público, firmar un pedido de esta magnitud sin cifras es, como mínimo, una anomalía. Hay quien sostiene que se trata de una práctica habitual en contratos de emergencia sanitaria; en contra pesa el argumento de que la emergencia ya no es tal y de que la transparencia debería ser la norma, no la excepción.

El cálculo que no cuadra: 146 millones para 400 millones​

La aritmética básica genera dudas. Si la población de los países implicados ronda los 400 millones de personas y las tasas de vacunación han caído en picado tras las primeras campañas, comprar 146 millones de dosis equivale a más de un tercio de la población. ¿Para qué? Las explicaciones oficiales apuntan a la preparación ante nuevas variantes, pero la realidad es que la demanda ciudadana se ha desplomado. Como resume una de las intervenciones más repetidas: «El negocio está en la compra, no en su uso». La frase, atribuida a un participante, condensa el escepticismo generalizado.

El negocio antes que la salud: quién gana con esto​

El foco se ha puesto en el beneficiario económico. Moderna, la farmacéutica adjudicataria, disparó sus ingresos durante la pandemia y ahora asegura pedidos millonarios con años de antelación. La comisión, por su parte, actúa como intermediaria en una operación que algunos califican de «pelotazo». La sombra de la corrupción planea sobre el expediente: no hay acusaciones formales, pero la falta de transparencia alimenta todo tipo de suspicacias. Se argumenta que el dinero «ha cambiado de manos, de las nuestras a las suyas», y que el circuito se cierra sin que el ciudadano vea un retorno claro.

La confianza en las instituciones, por los suelos​

El desgaste es evidente. Las encuestas de intención de vacunación muestran una caída sostenida, y no solo para la covid: la reticencia se extiende a otras vacunas rutinarias. La compra masiva se interpreta como un intento de forzar la demanda por la vía del suministro. «Se ponen obligatorias por ley y listo», apunta una de las voces más citadas. La desconfianza ya no distingue entre gobiernos nacionales y Bruselas: la percepción de que existe una agenda oculta compartida gana terreno en los círculos críticos.

Las teorías de la conspiración y su papel en el debate​

Junto a las críticas razonables, el asunto ha arrastrado un cortejo de teorías sin respaldo probatorio. Se habla de «nanotecnología radiomodulable para control mental», de planes de despoblación selectiva y de pactos satánicos. Estas afirmaciones, repetidas en tono de broma o de denuncia, no cuentan con ninguna evidencia y contaminan un debate que, en su núcleo, plantea preguntas legítimas sobre gasto público, transparencia y prioridades sanitarias. La mezcla de argumentos sólidos con fabulaciones dificulta distinguir la crítica fundada del ruido.

Lo que queda por saber​

El contrato está firmado, pero las preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuánto se ha pagado por dosis? ¿Qué cláusulas de confidencialidad lo blindan? ¿Se justifica el volumen con datos epidemiológicos actuales? La Comisión no ha ofrecido detalles y los parlamentos nacionales, incluido el español, no han anunciado investigaciones. La opacidad, en este caso, no es un detalle administrativo: es el centro del problema. Mientras no se despejen esas incógnitas, la sospecha seguirá ocupando el espacio que debería llenar la información.