La cascada de renuncias aboca a sortear nuevos miembros de mesas electorales

Las mesas del 23J se quedan incompletas y abocan a nuevos sorteos​

A las mesas del 23J les faltan manos. Hay colegios electorales que llegarán a la jornada con un solo titular confirmado de los nueve que los componen entre presidentes, vocales y suplentes, según constata la Junta Electoral de Pontevedra. Los funcionarios municipales acumulan hasta siete intentos para entregar cada nombramiento y el listado de vacantes no baja. La salida que se baraja es celebrar dos o tres plenos extraordinarios más para repetir sorteos: hay que cubrir a 3.141 personas repartidas por 21 ayuntamientos solo en esa provincia.

El correo certificado, ese ritual que debía blindar el proceso, se ha convertido en un juego de escondite. En Lugo alguien publicó en redes y mensajería los apellidos de los designados para que, al reconocerse, eludieran la notificación del Concello o de Correos. El patrón se repite en zonas rurales, donde la Guardia Civil echa una mano para localizar a los desaparecidos y la entrega del papel se ha vuelto una carrera de obstáculos.

De la discapacidad al billete de avión: el catálogo de excusas​

La Junta Electoral de Ourense describe un cambio de fondo. Lo más novedoso es la avalancha de justificaciones basadas en discapacidades: la Junta Electoral Central ha advertido de que cualquier grado reconocido vale como motivo excluyente. Hasta ahora se pedía certificado médico a quienes aducían discapacidades por debajo del 46%. «Una ligera sordera, si está reconocida, ya es motivo de eliminación», resume un miembro de la junta ourensana.

El segundo filón son los viajes. Llama la atención el número de excusas avaladas por billetes, paquetes de vacaciones y reservas veraniegas contratadas ya en enero y febrero. Esas se respetan en su totalidad para no generar un perjuicio económico a quien las presenta. En Pontevedra y Ourense han empezado a tirar de los listados de reserva —censados en número igual al de los designados inicialmente—, pero se da por hecho que habrá que nombrar más presidentes y vocales. En Vigo lo dan como seguro.

¿Cuántos convocados hay en total? La cifra que falta​

Falta la magnitud del fenómeno. Según un cálculo que circula en el debate, España reúne unas 60.000 mesas electorales que, multiplicadas por nueve convocados cada una contando suplentes, arrojan del orden de 540.000 personas llamadas a gestionar las urnas. Sobre esa base, la pregunta pertinente es qué proporción ha renunciado de verdad. Porque un titular espectacular sin denominador es solo un susto.

Aquí es donde el relato oficial y la percepción ciudadana se desalinean. En Vigo sostienen que el volumen de excusas es «similar al de otros procesos», aunque admiten más casos de domicilios en los que no hay nadie para recibir la notificación. «Queda mucho por hacer», añaden. El matiz importa: una cosa es que la picaresca crezca y otra que el sistema entero se caiga.

El problema de fondo: quién paga las horas y quién las pone​

Debajo de la anécdota está el dinero. Entre las quejas que circulan, la de un autónomo en temporada alta al que le toca presidir una mesa: once horas fuera de su negocio, contratos diarios sin atender y una exención denegada porque, le dijeron, el trabajo no es excusa. Sobre la compensación, en el debate se citan cifras de 50 a 70 euros por la jornada, frente a los 300 o 500 que, según algunos participantes, serían justos.

De ahí salen las dos propuestas más repetidas. La primera: que las mesas las cubran funcionarios, empleados de la propia administración y por tanto primeros interesados en que el trámite funcione. La segunda: subir la retribución hasta que acudir sea racional. Hay quien sostiene que, pagando bien, la picaresca se esfumaría sola. En contra pesa el argumento de que el problema no es tanto el incentivo como la falta de reemplazo suficiente cuando el sorteo se resiente. No ayuda que, en Galicia, la cita coincida con el puente del 25J.

La instrucción que circula: no abras la puerta​

En paralelo al atasco administrativo ha nacido un manual de resistencia. No firmar. No coger el teléfono a números desconocidos. No bajar al portero automático. Bloquear llamadas ajenas a la agenda. No pedir paquetes a casa esos días. La premisa de la que parte todo es siempre la misma: si no hay notificación, no hay designación. Y sobre esa premisa la conversación no se cierra, porque hay quien asegura que no recoger el papel no exime y quien sostiene lo contrario.

El punto exacto donde el análisis se atasca es este: nadie discute que las excusas se multiplican ni que las notificaciones fallan. Lo que sigue sin respuesta es si estamos ante un desplome real del sistema o ante la constatación de que, cuando algo deja de pagarse bien y deja de percibirse como un deber, la gente encuentra la forma de escurrirse. La democracia, en la práctica, se sostiene sobre voluntarios que no lo son.