La Audiencia de Badajoz condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación

La Audiencia de Badajoz condena a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por prevaricación​

En 2017, la Diputación de Badajoz creó una plaza de coordinador de actividades de los conservatorios. El adjudicatario fue David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del entonces recién reelegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. La jugada olía a enchufe desde el principio. Ahora, seis años después, la Audiencia Provincial de Badajoz ha puesto negro sobre blanco: nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. La sentencia, hecha pública este martes, alcanza también al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y a varios funcionarios implicados.

¿En qué consistió el enchufe?​

El tribunal consideró probado que la plaza se diseñó a medida para David Sánchez, saltándose los principios de mérito y capacidad. La contratación tuvo lugar justo después de que Pedro Sánchez recuperara el liderazgo del PSOE, lo que alimentó las sospechas de favoritismo político. La condena es firme en primera instancia, aunque cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Mientras tanto, los condenados mantienen sus cargos hasta que la sentencia sea firme, lo que en la práctica dilata el castigo.

Las consecuencias para los funcionarios de la Diputación​

Un detalle que pasa desapercibido: la sentencia también condena a los funcionarios de la Diputación que participaron en el proceso. Todos ellos se enfrentan a la misma pena de inhabilitación, lo que significa que, cuando la sentencia sea firme, perderán sus plazas. Para un funcionario de carrera, eso es el fin de su vida profesional en el sector público. Para David Sánchez, la inhabilitación supone un obstáculo, pero no insalvable: las empresas privadas —muchas de ellas vinculadas al sector público— siguen siendo una puerta abierta.

El ruido de fondo: la sombra de una relación personal​

La controversia se intensifica con las declaraciones de la periodista Sonia Ferrer, quien apuntó a una presunta relación sentimental entre David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo como el verdadero motivo del enchufe. La información, publicada por esdiario, añade un componente personal a un caso que ya olía a tráfico de influencias. Sin embargo, la sentencia no recoge este extremo; se limita a la prevaricación administrativa.

El caso deja una pregunta incómoda: ¿cuántos enchufes similares se esconden en las administraciones públicas? La sentencia de Badajoz es una excepción, no la regla. Y la diferencia de trato entre un hermano de presidente y un funcionario de base es, cuanto menos, irritante.