La amnistía no podrá ser recurrida

La amnistía se aplicaría en dos meses, según las informaciones​

La ley de amnistía que negocia el PSOE con los independentistas catalanes incluiría, según las informaciones que se manejan, una cláusula que la hace de aplicación «urgente»: en el momento en que entre en vigor, en un plazo máximo de dos meses, Carles Puigdemont quedaría limpio de delitos, causas y persecuciones. Ni sería presunto malversador, ni presunto desobediente, ni presunto reo de desórdenes públicos agravados. Podría volver a España seis años después, como si no hubiese convocado el 1-O ni declarado la independencia. Y los recursos que se anuncian contra ella no paralizarían su aplicación.

Ese es el núcleo del asunto que se discute estos días: no si la ley es constitucional o no, sino si el sistema tiene algún mecanismo capaz de frenarla antes de que produzca efectos. La respuesta que se impone en los análisis más pegados al texto es que no. La ley se aplicaría primero y se juzgaría después, y para cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, los amnistiados ya serían personas sin causa pendiente.

Qué dice exactamente la ley sobre los recursos​

El texto, según las informaciones que se manejan, impediría cualquier actuación del poder judicial más allá de lo meramente simbólico. Obligaría a su ejecución inmediata sin posibilidad de maniobra para los jueces que intenten estudiar si procede o no su aplicación mientras las instancias superiores se pronuncian sobre su legalidad. Es decir: el juez aplicaría, y luego ya se vería.

Hay quien sostiene que eso es precisamente lo que convertiría la norma en un artefacto jurídicamente insólito. Un acto administrativo cualquiera puede ser recurrido —es de primero de Derecho, como recuerda algún interviniente—, pero aquí el propio texto blindaría su aplicación antes de que ningún tribunal pueda revisarla. La diferencia entre «recurrible» y «paralizable» es la clave que muchos pasan por alto.

La secuencia que se dibuja es la siguiente: la ley entra en vigor, se aplica en dos meses, Puigdemont vuelve, y solo después llega el pronunciamiento del Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para entonces, aunque se declarara la inconstitucionalidad, no habría retroactividad. Los amnistiados quedarían, en palabras que circulan, más limpios que la madre Teresa de Calcuta.

El precedente que nadie quiere mirar​

La discusión deriva rápidamente hacia un problema mayor: la arquitectura constitucional de 1978. Una parte de los análisis sostiene que el texto ha resultado tener más agujeros que un queso, y que lo que parecía un sistema de contrapesos es en realidad un conjunto de reglas que solo funcionan mientras los actores decidan cumplirlas. La tesis que se repite es que desde cierto momento —se cita la aprobación de la ley de violencia de género en 2004 como punto de inflexión— el aparato del Estado decidió que la Constitución no hay que cumplirla, y desde entonces todo vale.

El argumento tiene una versión más incómoda: quizá la Constitución no tenía agujeros, sino que se preparó para esto. Nunca se sabe.

Lo cierto es que el debate trasciende la amnistía concreta. Se plantea si un Parlamento puede aprobar por mayoría una ley que se autodeclare irrecurrible, y si el sistema tiene alguna defensa ante eso. El ejemplo que se lanza es provocador: si mañana se aprobara una ley que ordenara apalear a un colectivo cualquiera, declarándola «constitucional» por motivos de convivencia pacífica e «irrecurrible», ¿de verdad no habría nada que hacer? La respuesta que da el propio ejemplo es que el problema no es jurídico, sino político: si la mayoría decide saltarse las reglas, las reglas no se defienden solas.

La amnistía como precio de una investidura​

La lectura más cínica —y probablemente la más realista— es que a Pedro Sánchez solo le importa la investidura. Si después la ley se cae en los tribunales, se la pela. Aunque tenga el Parlamento en contra y no pueda aprobar nada más, seguiría gobernando con reales decretos. La amnistía sería el peaje para formar gobierno, y todo lo demás es negociable.

Esa interpretación encaja con el calendario: la urgencia de la ley no respondería a ninguna necesidad jurídica, sino a la necesidad política de que Puigdemont pueda volver antes de que el asunto se enfríe. El único motivo de la urgencia, se argumenta, es que le voten la investidura.

El escenario que se contempla es que la ley se retrase en el Senado, donde el PP tiene mayoría, y acabe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Allí, según algunos análisis, la ley se paralizaría. Pero otros responden que eso tampoco resuelve nada: el recurso tardará años, y para entonces Sánchez ya sería presidente y los amnistiados ya estarían amnistiados.

Quién manda de verdad en España​

Hay una línea de análisis que va más allá de la política y apunta a los «poderes fácticos». La tesis es que detrás de todo lo que está pasando hay manos más fuertes que el propio presidente del Gobierno: el sector bancario, el energético y políticos jubilados con más influencias que todo el Ejecutivo junto. Se sostiene que nada de esto es casual, y que no ha habido nada casual en España desde el 20-N de 1975. La fecha del jueves se señala como el momento en que se sabrá si realmente están detrás o no.

Es una hipótesis que no se puede verificar con los datos disponibles, pero que refleja un estado de ánimo extendido: la sensación de que el sistema es un engaño y de que las reglas solo se aplican a unos. La concentración de jueces contra la amnistía, el pronunciamiento del CGPJ, el dictamen de los colegios de abogados, las manifestaciones —todo ello apunta a una fractura que va más allá de lo partidista.

La pregunta de fondo es si un país entero con todos sus estamentos e instituciones es incapaz de poner freno a un simple candidato a la presidencia. Si la respuesta es sí, el defecto estructural del modelo democrático es grave, más allá de quién sea el inquilino de La Moncloa.

Lo que se juega Cataluña (y el resto de España)​

Mientras tanto, los datos económicos siguen contando otra historia. Cataluña sigue registrando más salidas que llegadas de sedes empresariales seis años después del 1-O. De enero a septiembre, han salido 679 sedes y han llegado 571, lo que da un saldo negativo de 108 compañías. Los empresarios desconfían de un plan de retorno ideado por los políticos que provocaron la huida en 2017.

Ese es el coste que no aparece en los titulares sobre la amnistía: el goteo silencioso de empresas que se fueron y no han vuelto. La amnistía resolvería el problema judicial de Puigdemont, pero no el problema económico de Cataluña.

La predicción con reservas es que la ley saldrá adelante, se aplicará en dos meses y los recursos llegarán tarde. Si eso ocurre, el precedente quedaría fijado: una mayoría parlamentaria puede desactivar el control judicial de una ley que afecta a delitos graves. Y eso, guste o no, es un cambio de régimen en la práctica.