¿Puede Julio Iglesias cobrar 50.000 euros a Yolanda Díaz por dañar su honor?
El cantante ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por una presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor e intimidad. Reclama 50.000 euros por las declaraciones que ella hizo el pasado enero. Simultáneamente, ha interpuesto otra querella en los juzgados de Madrid contra elDiario.es y su director, Nacho Escolar, por injurias y calumnias. El movimiento legal ha abierto un intenso debate sobre los límites de la crítica política y las consecuencias de acusar sin pruebas.
El juego de la carga de la prueba
En el centro del litigio está la mecánica procesal. En una demanda por intromisión al honor, el demandante (Julio Iglesias) no tiene que demostrar su inocencia; es el demandado quien debe probar que sus afirmaciones eran ciertas. Yolanda Díaz dispone de dos opciones: retractarse y pagar la indemnización, o intentar demostrar la veracidad de lo dicho. Quienes defienden al cantante sostienen que las acusaciones vertidas por la vicepresidenta no tienen base judicial alguna —nunca ha sido condenado por los delitos que se le insinúan— y que, por tanto, la retractación es inevitable.
El riesgo de que la jugada se vuelva en contra
Pero hay quien advierte de que Julio Iglesias podría haberse metido en un jardín. Al demandar por difamación, abre la puerta a que el juez examine el fondo de las acusaciones —que en distintos medios se han relacionado con presuntos abusos sexuales en República Dominicana—. «Si Yolanda demuestra que lo que dijo era cierto, Julio Iglesias podría ser condenado», resumen los escépticos. Hasta ahora, la justicia española no se había pronunciado sobre esos hechos al declararse incompetente; esta demanda podría forzar una investigación que al cantante no le interesa.
50.000 euros: calderilla o un pellizco para Yolanda
La cuantía de 50.000 euros ha sido objeto de análisis. Para una vicepresidenta que antes de llegar al cargo vivía con ingresos modestos, la cifra no es baladí. Según algunos análisis, el patrimonio de Díaz no es tan holgado como para afrontar sin despeinarse una indemnización de ese tamaño, más los costes judiciales. Además, la retractación pública sería un coste político difícil de digerir. Para Julio Iglesias, en cambio, la cantidad es simbólica: lo que busca es desmentir las acusaciones y sentar un precedente contra lo que califica de «linchamiento mediático».
El trasfondo político e ideológico
No faltan quienes ven en la demanda una batalla ideológica. Por un lado, los simpatizantes del cantante —y detractores del Gobierno— aplauden que alguien con recursos plante cara a lo que consideran una campaña de desprestigio. Por otro, se critica que un multimillonario demande a una política por ejercer la libertad de expresión, y se recuerda que Julio Iglesias ha evitado querellarse contra quienes le acusan directamente de delitos, lo que algunos interpretan como un intento de silenciar a críticos sin abrir el melón judicial completo.
Un cierre irónico
La demanda, en cualquier caso, ha logrado lo que pocos esperaban: que el honor de Julio Iglesias vuelva a ser noticia a los 80 años. Yolanda Díaz tendrá que decidir si traga y paga o se juega el tipo en los tribunales. Sea cual sea el desenlace, nadie saldrá de esta con la conciencia limpia —salvo, quizá, los abogados.