Jubilado se niega a pagar IBI, porque la casa esta OKUPADA

Se niega a pagar el IBI tras recuperar su casa okupada​

La administración siempre cobra. Hasta que alguien dice que no. Un jubilado del País Vasco francés se ha negado a pagar los cerca de 12.000 euros que le reclaman por una vivienda que estuvo okupada y a la que no tuvo acceso desde 2016. La historia, que recogen los medios regionales Midi Libre y Sud Ouest, tiene todos los ingredientes de un manual de resistencia fiscal: una herencia envenenada, una casa vacía, unos okupas y un recibo que llega justo cuando el propietario recupera la posesión.

El caso: una herencia, una okupación y un recibo de 12.000 euros​

Los hechos arrancan en 2016. El hombre, inmerso en un conflicto de herencia con su hermana, perdió el acceso a la vivienda familiar. La casa permaneció vacía durante un tiempo y acabó siendo okupada. Los ocupantes la abandonaron después, y el propietario pudo recuperarla, probablemente con destrozos. Fue entonces cuando la administración tributaria francesa le reclamó unos 12.000 euros en impuestos atrasados.

El tributo en cuestión es el equivalente al IBI español: un impuesto que grava la titularidad del inmueble, no su uso. Por mucho que la casa esté vacía, okupada o en manos de un tercero, el titular catastral sigue siendo el obligado al pago. Esa es la lógica que el jubilado cuestiona con su negativa: no entiende que se le exija un impuesto por una propiedad de la que no pudo disponer durante años.

La lógica del impuesto: se paga por ser titular, no por usar​

La doctrina no le da la razón por ahora. El IBI se devenga por el hecho de ser propietario, y la administración no suele admitir la okupación como causa de exención. Los recibos impagados generan recargos e intereses de demora, y el recorrido natural de la deuda acaba en la vía de apremio y en el embargo de la propia vivienda. En el peor de los escenarios, el jubilado que recuperó su casa podría volver a perderla por no pagar el impuesto de la casa que le quitaron.

Hay quien compara la situación con los descuentos que aplican las compañías de telecomunicaciones o eléctricas cuando el servicio falla: si la empresa no presta el servicio, el cliente no paga. Aplicada a los impuestos municipales, esa lógica implicaría que los ayuntamientos deberían suspender el IBI mientras la vivienda sea objeto de una ocupación ilegal. Pero el estado recauda sin prestar el servicio de protección, y ese es exactamente el nudo del problema.

La pregunta de fondo: de quién es la casa​

Detrás del recibo hay una discusión teórica de calado: la propiedad privada ha pasado a ser un usufructo de pago. Se paga por un bien que no se puede usar, y el mismo estado que factura no garantiza la posesión. No es solo un problema de okupación: es la constatación de que el derecho de propiedad vale lo que la administración decide en cada momento. La figura del okupa es el síntoma, no la causa.

El jubilado, mientras tanto, ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿se puede cobrar un impuesto por lo que no se protege? Probablemente acabará pagando, porque el aparato recaudatorio no tiene sentimientos. Pero si decide llevar el caso a los tribunales y encuentra un juez con mano izquierda, la jurisprudencia que salga puede obligar a los ayuntamientos a pensárselo dos veces antes de pasar el recibo por una casa okupada.