Voluntaria de Cruz Roja muerta y la controversia que elude la realidad
Cada cierto tiempo, un presunto crimen machista se cuela en la información y deja de ser un suceso para convertirse en argumentario. El de Paula Solanas, joven cántabra de 27 años, voluntaria de Cruz Roja y madre, ha provocado esa deriva: la atención mediática se desplaza de la víctima al origen del agresor. Según las informaciones publicadas, su pareja, Nabil Khalissi, de 39 años y de origen marroquí, habría acabado con su vida. Los hechos están bajo investigación y el presunto autor no ha sido juzgado.
El dato que divide: el perfil del agresor
La reacción pública se ha partido en dos. Una corriente sostiene que los medios tratan este caso con menos intensidad que otros por una supuesta corrección política, y reclama la misma indignación que provocan otros crímenes. Otra corriente, la más inquietante, convierte a una persona - y a su comunidad de origen - en un estereotipo. Ese salto del caso individual a la generalización no aporta ninguna explicación: un presunto homicida no es un colectivo.
Un coste que nadie cuantifica del todo
Detrás de cada suceso hay un coste social concreto: sanitario, judicial, asistencial. Y un activo que desaparece: en este caso, el de una mujer dedicada a ayudar a otros. La violencia machista no solo destruye vidas, también consume recursos públicos que la ciudadanía paga con sus impuestos. Pero cuando la discusión se centra en la nacionalidad del agresor, ese coste queda fuera de la ecuación.
Es difícil prever que la conversación mejore con la sentencia. Lo más probable es que el caso se archive en la memoria mediática y el problema estructural siga intacto: mientras discutimos de identidades, una mujer sigue muriendo cada pocos días. La reserva es que la presión social, algún día, podría terminar por mirar el fondo y no la etiqueta.