La pensión de Borrell: un fondo con 400 millones de deuda
Josep Borrell Fontelles, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, cobra una pensión de un fondo del Parlamento Europeo que arrastra una deuda de unos 400 millones de euros y que podría acabar en un rescate a cargo de los contribuyentes. Lo confirma su propio gabinete. A sus 75 años, el dirigente socialista suma esos pagos a un salario neto mensual superior a los
20.000 euros, al margen de otras prestaciones. La cifra incomoda en un momento en el que media Europa discute hasta qué punto puede apretar el termostato de casa.
Ese es el dato verificable. El resto —lo de que ha sido «pillado» con cuentas en
paraísos fiscales— es, por ahora, un titular que corre más rápido que los documentos.
¿Qué hay de cierto en lo de los paraísos fiscales?
Según la acusación que da nombre al asunto, Borrell tendría cuentas en paraísos fiscales. Sobre esa base, una parte del análisis sostiene que el problema no es solo el dinero, sino para quién trabaja quien lo mueve, y recuerda que quien decide dónde coloca su patrimonio también decide a quién protege y a quién deja expuesto. Enfrente, otra corriente rebaja todo a una operación política: no habría «nada pillado», solo la decisión de sacrificar una cabeza para entretener al respetable.
Los indicios que se airean no son una contabilidad auditada. Se habla de
notas manuscritas que se cruzan entre ellos, un formato que a más de uno le parece de otra época. Esa fragilidad documental es, precisamente, el argumento que más se repite para no dar por probado ningún delito. Que sea una entidad ajena al propio Parlamento Europeo la que haya destapado el asunto añade otra capa de sospecha, esta vez sobre quién vigilaba el dinero.
Las notas manuscritas de Zapatero y un nombre de confianza
El expediente que circula incluye notas manuscritas de
José Luis Rodríguez Zapatero dirigidas a Patrick MacDowell. En una de ellas, el expresidente socialista comunica que la persona en la que ha pensado para tener peso real en Bruselas, a nivel político y económico, es Borrell. En otra, agradece la confianza depositada y anuncia que su acercamiento comenzará en breve. Poco más. Dos folios y una recomendación.
A partir de ahí, el relato se estira hasta donde cada cual quiere. Hay quien ve en esos papeles la prueba de una red de colocación de afines; hay quien ve dos notas sin firma notarial ni valor jurídico alguno. El caso, de momento, se sostiene sobre interpretaciones, no sobre sentencias.
¿Es Borrell de izquierdas o de derechas?
La discusión se enreda en una pregunta que parece de manual: ¿a qué bando pertenece el personaje? Una corriente lo sitúa firmemente en la izquierda y sostiene que cada vez que un dirigente de ese espacio aparece salpicado se recurre al viejo truco de decir que, en realidad, no era de izquierdas. Otra responde que Borrell tiene más en común con determinados partidos de la derecha española que con el votante de a pie, y que llamarlo socialista es un acto de fe.
Dos notas al margen para calibrar el nivel del intercambio. Primero: algunos participantes sostienen que en España tener dinero en paraísos fiscales se juzga con distinto rasero según quién lo haga. Segundo: hay quien afirma que la cifra de implicados en el entuerto del fondo no deja de crecer y ya habla de cerca de
setenta nombres.
Del «no le pasará nada» al rescate del fondo
El pronóstico más repetido es el de la impunidad. La expectativa dominante es que, en el mejor de los casos, haya un juicio de escaparate, una condena simbólica, una multa que representa una fracción mínima de lo supuestamente sustraído y, si acaso, un indulto. Nadie espera ver a nadie entre rejas ni privado de sus bienes. La jubilación dorada sigue siendo el escenario más probable.
Frente a eso, la exigencia que recorre el asunto es más antigua que la propia Unión Europea: las leyes las hacen quienes podrían incumplirlas, así que nunca llegan a tiempo. ¿De qué sirve reclamar penas ejemplares para el que roba lo público si el que legisla es el primero interesado en que no existan?
Hay, además, una capa que muchos colocan por encima del caso concreto: la de un ecosistema informativo en manos de los mismos intereses que financian a los señalados. Si quien controla los medios controla también el relato, el ciudadano vota a ciegas o, peor, vota lo que le han contado.
Un detalle que se repite con retintín: el mismo dirigente al que se atribuye reclamar sacrificios y recortes para sostener una guerra lejana cobra una pensión de un fondo endeudado. La coherencia, en Bruselas, no cotiza.
Lo que más se repite es que el asunto se diluya entre comunicados y filtraciones, que la pensión siga cobrándose y que el fondo acabe rescatado con dinero de todos. Pero no es seguro que termine en nada: cuando la lista de damnificados por un escándalo de pensiones se acerca a la setentena, algún peón acaba cayendo. Solo hay que ver a quién le toca.