Israel pondrá cabinas de ahorcamiento de terroristas sarracenos con público. Con dos cojines

Israel levanta un patíbulo con espacio para testigos​

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, difundió un vídeo en su canal de Telegram en el que anuncia el inicio de las obras de una “instalación de ahorcamiento” para condenados a muerte. El proyecto, que la información de La Vanguardia sitúa en el centro del país, incluye el pabellón de condenados y el patíbulo. La medida se presenta como el cumplimiento de una promesa: endurecer las condiciones de los presos y aplicar la pena capital a condenados por terrorismo.

La lectura fina de la noticia matiza el titular: no se trataría de un espectáculo para el gran público, sino de cabinas de observación para familiares de víctimas, abogados, periodistas y otros agentes del proceso. La diferencia es sustancial, aunque no menos inquietante para los abolicionistas.

De las ejecuciones públicas al secreto de Estado: la curva de la pena capital​

Los datos que maneja la discusión dibujan una tendencia histórica clara. En 1976, más de 150 países aplicaban la pena de muerte y las ejecuciones públicas eran habituales. Treinta años después, en 1996, la cifra había caído a un centenar y comenzaban a imponerse protocolos de secretismo en Asia. En 2026, apenas entre 47 y 55 países mantienen la práctica, con accesos ultra-regulados: solo Estados Unidos separa formalmente a víctimas y abogados en la sala.

Israel contradice esa curva con una apuesta por la publicidad selectiva. El patíbulo con cabinas de observación convierte el castigo en un acto con audiencia, aunque sea una audiencia restringida. Es un regreso simbólico al cadalso decimonónico: la muerte como escena.

Irán y el espejo incómodo​

La comparación con Irán aparece una y otra vez en la discusión. Teherán ejecuta en público con regularidad, y eso coloca a Israel en una posición delicada a la hora de vender su medida como excepcional. El matiz que se repite es relevante: Irán aplica la pena capital a sus propios ciudadanos, dentro de su orden jurídico interno; Israel la aplicaría, según la interpretación crítica, a población de territorios ocupados y privada de derechos básicos.

Ese matiz cambia el marco: no es lo mismo un Estado que ejecuta a sus nacionales conforme a su legislación que una potencia ocupante que ejecuta a personas bajo administración militar. La distinción jurídica es exactamente el terreno donde la medida israelí se vuelve más vulnerable a la acusación de venganza de Estado.

El eco local: entre la mano dura y la alarma​

Entre las reacciones que circulan hay quien reclama medidas análogas en Europa para delitos de terrorismo y quien responde señalando que la UE abolió la pena de muerte precisamente para no parecerse a los regímenes que ejecutan. La polémica no es nueva: cada atentado reaviva la demanda de castigo ejemplar, y cada ejecución pública la hace chocar con el principio de que el Estado no debe imitar el horror que dice combatir.

La cuestión de fondo, apuntan algunos análisis, es qué gana una democracia exhibiendo la muerte. En 1976 casi todo el mundo lo hacía. En 2026, muy pocos. Israel acaba de decidir en qué lado de la historia quiere estar.