INTERESANTE. Dos chicas que transicionaron siendo adolescentes, ahora son ejemplo de detransición:

Transicionaron de adolescentes y ahora relatan su detransición​

Dos chicas que empezaron su transición siendo adolescentes —una de ellas con 13 años— se han convertido en el caso más citado de la llamada detransición. Su testimonio, difundido en redes, sostiene que «las operaciones trans en menores deberían estar prohibidas» y que la ideología de género «destruye todo lo que toca». A partir de ahí, la historia personal se transforma en un pulso sobre quién responde cuando el resultado es el contrario al prometido y sobre si el arrepentimiento tiene marcha atrás.

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Qué es la detransición y qué cambios no se deshacen​

Detransicionar es abandonar la identidad trans y volver a la de nacimiento, en todo o en parte. El problema es que el cuerpo no siempre acompaña. El argumento que se esgrime en el hilo es que la testosterona provoca cambios irreversibles en la composición muscular y en el reparto de la grasa, y que la voz —descrita con sorna como voz de camionero— no la devuelve ningún cirujano, por caro que sea. Y se añade que los rasgos óseos tampoco retroceden.

En el terreno quirúrgico la descripción es más dura. Quienes defienden esta lectura hablan de mutilación y subrayan que el paso por quirófano equivale, en la práctica, a una esterilización. «Lo primero que le hicieron a esas dos fue esterilizarlas —se sostiene—: si se arrepentían en el futuro, lo de tener hijos ya se había acabado». La pelea, en realidad, no es por el dato clínico, sino por la edad a la que alguien puede decidir algo así.

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13 años y una firma: ¿de quién es la culpa?​

Aquí el consenso se resquebraja en tres. Una corriente sostiene que la responsabilidad es de la propia afectada, que eligió y ahora recoge el fruto. La respuesta más común es que a una niña de 13 años no se le puede exigir la madurez de un adulto y que el relato lo puso el entorno. Un tercer grupo apunta a los padres: en el caso que se relata, la menor contó lo que le pasaba y la respuesta fue llevarla a un psicólogo que habría avalado el proceso bajo la amenaza de suicidio si no transicionaba. Ella misma lo cuenta después, con el cuerpo ya intervenido.

Sobre los profesionales pesa una acusación distinta: que nadie firma nada, que los informes se esfuman y que quien induce el tratamiento no asume consecuencia alguna cuando el paciente vuelve años después. La sospecha de que existe un interés económico detrás recorre buena parte de las intervenciones, aunque nadie aporta una cifra concreta de lo que se cobra por cada caso. El reproche se extiende también a los responsables políticos señalados por haber impulsado estas políticas desde el Gobierno.

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Prohibir hasta los 18: el punto donde casi todos coinciden​

Si algo une a posturas que se odian en todo lo demás es la petición de prohibir estas operaciones en menores de edad. La analogía que se repite tiene gancho: un menor no puede ponerse un pendiente ni tatuarse sin autorización de sus padres, y sin embargo el abordaje quirúrgico de los genitales se plantea como una decisión del propio chaval. Si el criterio es la capacidad de consentir, habría que aplicarlo igual en todas partes.

El contraargumento también aparece: posponer la intervención hasta los 18 no arregla nada cuando el daño hormonal ya está hecho a los 14. Y en el fondo late una pregunta sin respuesta: si el menor no puede decidir sobre su cuerpo, ¿por qué se le permite decidir sobre las hormonas?

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El colegio como primera puerta de entrada​

Un tramo del asunto se desplaza fuera de casa. Hay relatos de charlas en centros escolares dirigidas a niños de 10 años, sin aviso previo ni consentimiento de las familias, en las que se habla de identidad, de cambio de sexo y de contenido afectivo-sexual que los propios alumnos todavía no habían recibido por otra vía. En un caso, el padre describe a su hijo saliendo de clase escandalizado y a la madre pidiendo explicaciones al colegio por no haber sido informada.

La lectura que se extrae es que un menor que dice ser trans muchas veces repite lo que ha oído en su entorno más cercano. Ese es el nudo: no hay manera de distinguir hasta qué punto el chaval repite lo escuchado, y preguntar es precisamente lo que unos y otros quieren controlar.

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Quién paga y a qué se dedica la atención pública​

El dinero aparece en varios frentes. Que el tratamiento se financie con fondos públicos es motivo de rechazo en buena parte del hilo. «Con mi dinero, no», resume uno de los mensajes. En medio, la sospecha de que la industria farmacéutica tiene mercados más rentables que curar enfermedades, y de que el cirujano que opera cobra bien por hacerlo.

En paralelo se discute qué merece atención política. En el hilo se citan 2.982 suicidios de hombres en España en 2021 frente a 49 víctimas mortales de violencia machista, y se pregunta por qué la prevención del suicidio se invoca solo en un supuesto concreto. Son cifras que se lanzan para medir el foco mediático, no para comparar tragedias.

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El dato que falta​

Con estos mimbres, la discusión acaba donde empezó. Nadie niega que los casos existan; nadie tiene la cifra de cuántos son. Sin un recuento fiable de detransiciones, el asunto se sigue dirimiendo a golpe de testimonio, y cada testimonio nuevo reabre el mismo pleito: una adolescente que pidió ayuda, un sistema que la trató como adulta y un cuerpo que no vuelve atrás.