Inspectores de Hacienda amenazados de perecid3 por sicarios.

¿Están los inspectores de Hacienda en el punto de mira del crimen organizado?​

Si el contrato por un asesinato ronda los 1.700€ en España, como aseguran César Vidal y Roberto Centeno, los 2.200 inspectores de Hacienda tienen motivos para mirar por dónde andan. El debate lleva meses abierto: desde palizas con rotura de huesos hasta amenazas de muerte, la presión sobre los funcionarios que revisan las cuentas de mafias y lavadores de dinero parece escalar. Pero ¿cuánto hay de real y cuánto de relato interesado?

Las cifras del riesgo: 2.200 inspectores y 1.500 técnicos​

La plantilla real de la Agencia Tributaria en labores de inspección es menor de lo que se cree. Según datos del propio debate, de los 2.200 inspectores, solo entre 600 y 800 realizan inspecciones de campo. Hay otros 1.500 técnicos que también hacen visitas, con retribuciones que van de los 45.000 a los 145.000 euros brutos anuales, muy lejos del mito de los 120.000 generalizados. Esa disparidad salarial genera fricciones internas, pero no reduce la exposición al peligro. El Cuerpo de Vigilancia Aduanera, con pluses de peligrosidad inferiores, arriesga a diario contra el narcotráfico y el blanqueo.

El affaire Vegetta-Willyrex y la sombra de los sicarios low cost​

El caso de los youtubers Vegetta y Willyrex, con una reclamación de 3 millones de euros por inspección, sirvió de detonante. Las sospechas de que muchos negocios que parecen prósperos son en realidad lavadoras de dinero para mafias internacionales llevaron a un temor: si se aprieta demasiado, los inspectores se convierten en objetivo. «Por 1.700€ ya se paga un asesinato», se citaba en la conversación. La facilidad para contratar sicarios en el mundo del hampa lo convierte en una amenaza creíble, aunque hasta ahora los casos documentados sean palizas, no homicidios.

Entre la mafia y la burocracia: ¿quién protege al inspector?​

Las posturas se dividen. Por un lado, quienes creen que la inspección fiscal actúa con arbitrariedad y que el miedo a represalias solo reequilibra la balanza. Por otro, los que señalan que el verdadero riesgo viene de no investigar a los grandes defraudadores. «Entre bomberos no se pisa la manguera», se argumenta, prediciendo que los inspectores acabarán centrándose en la masa sumisa y evitando a los peces gordos. Algunos proponen que los inspectores pasen a depender del poder judicial y estén protegidos por la Guardia Civil, incluso con tribunales militares para los casos de corrupción.

Un silencio informativo que alimenta la desconfianza​

Resulta llamativa la ausencia de noticias sobre agresiones a inspectores. Mientras los suicidios copan titulares (y se habla del efecto contagio), las palizas a funcionarios de Hacienda apenas trascienden. «O es mentira o se quiere evitar el contagio», se concluye. El hermetismo del Ministerio y la falta de datos oficiales sobre incidentes no ayudan a despejar dudas. Lo que sí está claro es que la tensión crece y que, si las mafias deciden pasar de la amenaza a los hechos, el Estado tendrá que demostrar que protege a quienes deben hacer cumplir la ley. Hasta entonces, cada cartita de Hacienda que llega con nombre y apellidos puede ser, para algunos, una sentencia.