IMV suspendido: ¿qué pasa con quien no tiene padrón?

El IMV se suspende de forma cautelar cuando el cruce de datos con Hacienda o el padrón no coincide, aunque la persona haya presentado la documentación. La resolución del expediente puede tardar entre 6 y 18 meses, según explican desde la Seguridad Social.

La suspensión cautelar del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos beneficiarios. El mecanismo funciona así: Hacienda cruza datos y, si el padrón no coincide con lo declarado, el organismo suspende el pago de forma preventiva. No es una retirada definitiva, pero el beneficiario se queda sin la prestación mientras se aclara el entuerto. Y aclararlo lleva su tiempo.

Qué es la suspensión cautelar y por qué llega

La suspensión cautelar es una medida provisional que adopta la Seguridad Social cuando detecta una discrepancia entre los datos que constan en el expediente y la información que devuelve el cruce con Hacienda o el padrón municipal. Puede deberse a un cambio de domicilio no comunicado, a la incorporación de nuevos miembros en la unidad de convivencia o, directamente, a un error administrativo sin cambios reales.

El problema es que la notificación llega igual. En octubre, muchos beneficiarios recibieron un aviso digital ampliando o reduciendo la cuantía. En noviembre, otra notificación digital comunicaba la suspensión cautelar. El beneficiario descubre entonces que debe aportar de nuevo documentación que ya presentó meses antes.

El caso de una beneficiaria de Móstoles: papeles duplicados y citas

Un caso ilustrativo es el de una vecina de Móstoles que en abril presentó telemáticamente el padrón individual y colectivo. En octubre recibió una notificación digital con una subida del IMV. A finales de ese mes, la citó la asistente social para pedirle otra vez el padrón y la renta. Firmó documentos para que la asistente pudiera acceder a esos datos y enviarlos.

En noviembre llegó la suspensión cautelar. Consiguió cita previa en la Seguridad Social y presentó la misma documentación de abril, con justificante de haberla entregado. El funcionario le explicó que la resolución de expedientes tarda entre 6 y 18 meses. Dos días después logró cita en el SOC para pedir un aumento de la Renda Garantida de Ciutadania, que en Cataluña es de 235 euros, frente a los 733 euros del IMV suspendido.

La cuantía que queda: 235 euros frente a 733

La diferencia entre ambas prestaciones es notable. Mientras el IMV suspendido ascendía a 733 euros, la Renda Garantida de Ciutadania se queda en 235 euros. Con esa cantidad, la beneficiaria sostiene que no llega a fin de mes y ha solicitado formalmente que se le aumente la RGC hasta que se resuelva el IMV.

El trámite no es rápido. La resolución de expedientes del IMV puede alargarse hasta 18 meses, según la información que trasladan desde la propia Seguridad Social. Durante ese tiempo, la suspensión cautelar sigue activa y el beneficiario cobra solo la prestación autonómica que le corresponda.

Qué puede hacer el beneficiario mientras espera

La recomendación práctica es conservar todos los justificantes de presentación telemática y las citas con asistentes sociales o funcionarios. Cada documento entregado debe quedar registrado. Si la suspensión llega sin cambios reales en el domicilio o la unidad de convivencia, el beneficiario puede presentar una alegación con el justificante de la documentación ya aportada.

También conviene revisar el padrón municipal antes de que Hacienda cruce los datos. Un cambio de domicilio no comunicado o la incorporación de un nuevo miembro en la unidad de convivencia son las causas más habituales de discrepancia. La suspensión cautelar no es una sanción, pero el tiempo de espera corre en contra del bolsillo.

Ante cualquier duda sobre prestaciones, conviene consultar con un profesional o con los servicios sociales de referencia.