Imfrutado por homicidio un policía que tiroteó a un joven en un operativo antidroga

El juez cuestiona el «riesgo vital» del policía que mató a Jojan Andrés​

Los atestados policiales valen exactamente lo que vale el relato que los sostiene. El que se redactó la tarde del 29 de enero de 2025 en la calle Sinesio Delgado, en Madrid, se ha ido deshilachando en apenas dos meses hasta dejar a un agente de la Udyco imputado por homicidio doloso. Jojan Andrés Murillo tenía 26 años, era ciudadano español de origen colombiano y no tenía antecedentes penales. Un disparo le atravesó el cuerpo de pecho a espalda y quedó incrustado en el asiento del conductor. El tiro se produjo a las 13:52; la muerte se certificó a las 15:15, tras llegar al hospital después de permanecer tendido en la acera.

Conducía un Seat León blanco. Dos agentes del Grupo VIII de la Udyco, la unidad de drogas y crimen organizado de la Brigada de Policía Judicial, iban detrás en un vehículo camuflado y le dieron el alto de forma brusca en la esquina con Finisterre. Se bajaron de paisano, con las armas preparadas, y lo sacaron a la fuerza del coche. Un amigo del fallecido, que hablaba con él por el manos libres, escuchó la secuencia entera. La ironía es que también la escuchó el propio sumario: el coche llevaba una sonorización colocada con autorización judicial.

Qué contaba el atestado: un hombre de 30 años y una maniobra de evasión​

La versión oficial que se trasladó esa tarde lluviosa a los medios hablaba de un «hombre colombiano de 30 años» y «con múltiples antecedentes» que recibió un disparo tras embestir con su coche a un vehículo policial cuando trataba de huir. En el Seat León, se dijo, aparecieron «varios ladrillos de cocaína, dinero y otros utensilios para manipular estupefacientes». Ninguno de esos tres datos se sostiene igual dos meses después: el fallecido tenía 26 años y carecía de antecedentes penales.

El atestado, redactado en el lugar con jefes de la Policía Nacional delante, sostiene que el agente que apretó el gatillo lo hizo para evitar que su compañero fuera atropellado cuando el coche dio marcha atrás. «Sintiendo ciertamente que su vida y la de su compañero corrían serio peligro», añade. Antes le habían gritado tres veces «alto policía, para el coche», sin efecto. Con la puerta semiabierta del conductor, el joven habría hecho un «movimiento extraño, haciendo ademán de inclinarse hacia la zona baja del asiento del copiloto». El disparo, concluye el relato, buscaba abortar esa maniobra.

El auto que pone en duda el uso del arma reglamentaria​

Ahí se acabó la coincidencia. El juez que instruye la causa ha ido rebatiendo el relato policial, y lo ha hecho con dos piezas: la grabación de la sonorización del vehículo y las imágenes de una cámara privada próxima. Ambas las reclamó el abogado Juan Manuel Fernández Ortega, que representa a la familia del fallecido. El auto concluye que «aparentemente» podría tratarse de un uso irregular del arma reglamentaria y que, tras ver el vídeo, «no parece en absoluto clara esa situación de riesgo vital a la que alude el agente». Disparar al investigado en lugar del vehículo, razona, presenta características que hacen dudar «seriamente» de la corrección del uso.

El agente declaró la semana pasada como investigado por homicidio doloso. Está suspendido y se le ha retirado por orden judicial la tenencia y el porte del arma mientras se instruye la causa. Al interrogatorio asistieron dos jefes de la Policía Nacional.

Un cara a cara que se decide en décimas de segundo​

Buena parte de la discusión pública se ha ordenado alrededor de un problema de física y de percepción: si un agente puede valorar un riesgo real en el tiempo que tarda un coche en moverse un metro. Hay quien sostiene que la duda del juez llega tarde y mal, porque juzga con calma de despacho algo que duró décimas de segundo y venía precedido de una persecución; en contra pesa el hecho de que quien disparó tenía detrás un vídeo y un audio que no cuadran con lo que firmó. El argumento de que la corrección de un disparo se decide en un instante no exime de explicar por qué el atestado describía a un hombre de 30 años con antecedentes.

Del lado opuesto se subraya otro detalle, el tamaño del operativo: ¿bastan dos agentes de paisano para detener a un presunto narcotraficante sin delito flagrante? La pregunta no es baladí en una causa donde la acusación particular ha tenido que pelear cada pieza de convicción.

La brecha entre el relato mediático y el sumario​

El caso ilustra un patrón conocido: la información policial que se filtra en caliente fija el marco, y luego la instrucción lo desmonta a plazos. Aquí el vuelco llegó con elementos objetivos, no con testimonios interesados. El cálculo completo de lo que se dijo y lo que se probó, contrastado mensaje a mensaje, da una diferencia que sorprende por el número de datos erróneos acumulados en veinticuatro horas.

El asunto también abre una discusión más incómoda: qué ocurre cuando quien levanta el acta es la misma persona cuya actuación se está juzgando. La causa por la muerte de Jojan Andrés Murillo sigue abierta y ha entrado en otra dimensión desde que el foco apunta a la pistola y no al coche.

Con estos mimbres, cualquier fiscalía con prisa pedirá el archivo y confiará en que el tiempo haga su trabajo. La predicción, con toda la reserva del mundo, es que el asunto no se cierra aquí: cuando el tribunal tenga que valorar la versión del agente y la del audio, la distancia entre ambas va a ser el verdadero objeto del juicio.