Imfrutado el agente empujaviejas de valencia

Imputado el antidisturbios por la mandíbula rota de una maestra jubilada​

La justicia avanza contra el agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que empujó por la espalda a una maestra jubilada de 67 años durante las protestas educativas del pasado mayo en Valencia. La mujer sufrió una fractura de mandíbula que requirió intervención quirúrgica. El juez ha imputado al policía por un delito de lesiones con la agravante de prevalimiento de función pública, además de contra la integridad moral y los derechos individuales.

El atestado de la propia Policía Nacional, sin embargo, no admite errores. Califica la actuación como «uso de la mínima fuerza reglamentaria». Una conclusión que choca con las imágenes del suceso, difundidas ampliamente, en las que se ve al agente empujar sin mediar palabra a la docente, que caminaba de espaldas. El sindicato STEPV, que ha ejercido la acusación particular, sostiene que el empujón fue «gratuito y desproporcionado».

Las posiciones sobre el caso están enfrentadas. Hay quien ve un hecho aislado de un agente que actuó con excesivo automatismo, sin calibrar el riesgo para una persona mayor. Otros, en cambio, consideran que la imputación es un paso necesario frente a lo que denominan «cultura de la impunidad» en los cuerpos policiales, señalando precedentes como las condenas a Isa Serra o Alberto Rodríguez, anuladas posteriormente.

El recorrido judicial es incierto. Fuentes jurídicas apuntan a que el agente podría enfrentarse a una pena leve, posiblemente por lesiones imprudentes, y que en segunda instancia podría rebajarse. La Fiscalía no ha fijado aún su postura. Lo que está claro es que el caso, bautizado ya en redes como el «empujaviejas», reabre el debate sobre el uso de la fuerza en las protestas y la rendición de cuentas de los cuerpos de seguridad.