IBERDROLA , EN UNA SOLA SEMANA, dilapida 57.000 MILLONES DE LITROS DE AGUA (57 Hm3) para producir una electricidad que no necesitamos

El agua de una hidroeléctrica no se dilapida: los 57 hm³​

Un número redondo empezó a circular por las redes: 57.000 millones de litros de agua —57 hectómetros cúbicos— utilizados por Iberdrola en una sola semana para producir electricidad. El mensaje traía la acusación incorporada: que esa energía no hacía falta y que se vende a precio de gas. Y una segunda entrega todavía más gruesa: 500 hectómetros cúbicos en dos meses, agua suficiente, según el mismo texto, para abastecer a la población extremeña durante más de siete años. Con la sequía de fondo y las restricciones de consumo en el horizonte informativo, la polémica sobre el uso hidroeléctrico del agua quedaba servida.

¿Se «dilapida» el agua que pasa por una central hidroeléctrica?​

No en el sentido literal. El agua que turbina una central no desaparece: vuelve al cauce y sigue su curso hasta el siguiente embalse o hasta el mar. Ese es el contraargumento que más se repite, y tiene una base física difícil de discutir. El caudal que los ríos españoles deben entregar a Portugal está fijado por el Convenio de Albufeira, de modo que el agua no se queda en el limbo ni se evapora por decreto.

El matiz, sin embargo, importa. Hay quien concede que el recurso no se pierde y, aun así, sostiene que el procedimiento es un sinsentido: siempre se está a tiempo de soltar agua cuando sobra arriba, pero la que ya bajó río abajo no se puede recuperar. Traducido al español corriente: el problema no sería la desaparición del agua, sino el momento exacto en que se decide abrir la compuerta.

¿Quién autoriza el vaciado de embalses para generar electricidad?​

Las confederaciones hidrográficas y, en última instancia, el Gobierno. Ninguna eléctrica abre la compuerta por libre, y ese detalle desmonta media polémica. El caso que se cita como precedente es el de Ricobayo, donde —según la versión que circula— instancias europeas confirmaron que el responsable del vaciado era el Ejecutivo español, no la empresa. Sea exacto o no el detalle, el razonamiento de fondo se repite: sin autorización administrativa no hay turbinado masivo.

De ahí sale una conclusión incómoda para quien busca culpables solo en el sector privado. Si el vaciado necesita permiso, el reproche no puede quedarse en la empresa. La responsabilidad administrativa es la que convierte el uso privado del agua en legal, y esa llave la tiene la Administración que firma el papel.

Cáceres al 74% y el Guadiana un 19% por debajo de su media​

Los datos apuntan en dos direcciones opuestas y conviene no mezclarlas. Por un lado, los embalses de la provincia de Cáceres están al 74%, frente al 50% de un año antes: una situación saneada para la época. Por otro, la reserva de la cuenca del Guadiana registra una caída del 0,37% semanal, sube un 1% respecto al año anterior y se sitúa un 19,36% por debajo de la media de la última década. Convivir con las dos cifras a la vez es lo que hace tan fácil tirar de una y esconder la otra.

La comparación con el consumo doméstico también se ha explotado a fondo. Los 57 hm³ de una semana se han traducido al equivalente al gasto de 1,4 millones de personas en un año, o a algo más de cinco duchas de diez minutos por cada español. El desglose completo, partida a partida, deja cifras que sorprenden más que el titular.

Las cifras que desmontan el relato del expolio​

Frente a la imagen de pantanos vaciándose sin criterio, los datos disponibles dicen otra cosa. La capacidad total de embalse y la potencia hidroeléctrica instalada no han bajado en los últimos diez años. Los embalses de uso exclusivamente hidroeléctrico se encuentran al 74% con unos 5.000 hectómetros cúbicos, y quien sigue las series semanales los considera gestionados a un ritmo razonable. Si el almacenamiento no se ha reducido, la tesis del desmantelamiento sistemático se queda sin suelo firme.

Donde sí hay conflicto real es en los derribos de presas pequeñas, casi siempre ligados al regadío local y a la oposición vecinal. Ahí ya no se discute el volumen nacional, sino quién pierde el agua de su pueblo cuando llega agosto.

Puertas giratorias, cárcel y otras salidas​

El tramo final de la polémica baja a la política. Se mencionan cargos que acaban en consejos de administración con sueldos altos, la inacción de oficio de la Fiscalía de Medio Ambiente y la sospecha de que la prensa no aprieta porque la empresa es anunciante. Las propuestas suben de tono: cárcel para los responsables, expropiación sin indemnización o la denuncia de que todo cuenta con el visto bueno del Estado.

A eso se suma un fondo conspirativo que aparece mezclado con lo demás: el cambio climático como excusa para aplicar recortes, organismos internacionales, alusiones religiosas y predicciones apocalípticas. Son afirmaciones sin ninguna prueba que circulan en el mismo paquete que los datos verificables, y separarlas es lo mínimo antes de opinar.

Con estas mimbres, la pregunta no es si el agua se pierde o no. Es quién decide cuándo se suelta. Y ahí el dato que descoloca es el de siempre: la capacidad de embalse sigue ahí, prácticamente intacta, mientras todo el mundo discute sobre las compuertas.