Unas 500 viviendas del macrocomplejo Roma 2000, en el Eixample de Barcelona, se han declarado en huelga de alquileres e hipotecas. Exigen al Ayuntamiento que adquiera la propiedad del complejo por 350 millones de euros y les fije un alquiler social de 300 euros.
Qué se está pidiendo en el Roma 2000
Unas 500 viviendas del macrocomplejo Roma 2000, situado en el Eixample de Barcelona, han dejado de pagar alquileres e hipotecas. La cifra la da la propia convocatoria: son pisos de 150 metros cuadrados de media, un tamaño que hoy resulta casi imposible de encontrar en el mercado libre de la ciudad.
La demanda tiene dos patas. La primera es que el Ayuntamiento de Barcelona compre la propiedad del complejo por 350 millones de euros. La segunda es que, una vez adquirido, fije un alquiler social de 300 euros al mes para los residentes.
Por qué importa la cifra
Los números permiten hacerse una idea. Si se reparten los 350 millones entre las 500 viviendas, sale una media de 700.000 euros por piso. Es una cifra alta, aunque se refiere a unidades de 150 metros cuadrados y a un conjunto entero, no a vivienda suelta.
El alquiler propuesto, 300 euros al mes, está muy por debajo de lo que cuesta un piso de esas características en el Eixample. Ahí está el nudo del asunto: la diferencia entre lo que cuesta comprar y lo que se pide pagar después.
Una fórmula que ya existe en la ley
La operación que se reclama tiene encaje en figuras ya previstas. La compra pública de inmuebles para destinarlos a alquiler social es una herramienta que las administraciones usan, y el derecho de tanteo y retracto permite a la Administración intervenir en transmisiones de vivienda.
Lo que no está resuelto es de dónde sale el dinero ni con qué criterio se fija el precio. Tampoco si el Ayuntamiento tiene interés en comprar. La convocatoria no detalla plazos ni interlocución con el consistorio.
Un pulso con precedentes
Las huelgas de alquiler tienen recorrido en Barcelona. Ya hubo episodios en el barrio del Besòs y en otros puntos de Cataluña, con resultados desiguales. Lo singular aquí es la escala: 500 viviendas de golpe y un complejo entero como objeto de la operación.
El movimiento conecta con el malestar por los precios de la vivienda en las grandes ciudades. Si la vía de la compra pública se abre o se cierra en este caso marcará el paso de futuras iniciativas parecidas. Por ahora, lo que hay es una cifra sobre la mesa y un consistorio que no se ha pronunciado.
