Un joven de 18 años, ingresado tras el asalto de tres menores en la Casa de Campo
La madrugada del pasado sábado, sobre las 2:30, un joven de 18 años fue asaltado y brutalmente apaleado por tres menores de origen marroquí en la calle Villamanín, junto a la Casa de Campo de Madrid. La víctima caminaba sola cuando los menores se le acercaron pidiendo un cigarrillo y, acto seguido, le exigieron dinero. Al negarse, comenzaron a golpearlo hasta dejarlo hospitalizado. Los agresores residían en el centro de primera acogida de Batán, un recurso para menores extranjeros no acompañados.
El suceso reabre el debate sobre la supervisión de estos centros. Según informaciones, los menores se encontraban fuera del centro a altas horas de la madrugada, y cuando la policía acudió horas después, aún no habían regresado. Este fallo en el control es señalado como un problema recurrente. Además, se indica que al menos uno de los presuntos agresores contaba con numerosos antecedentes por robo con violencia y agresión sexual, lo que plantea dudas sobre la eficacia de las medidas de reinserción y vigilancia.
Las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, hay quien sostiene que la falta de consecuencias para estos menores —que a menudo quedan en libertad sin medidas correctivas— genera un ciclo de impunidad que alimenta la reincidencia. Por otro, se argumenta que el sistema de protección de menores, ya de por sí tensionado, necesita una revisión profunda que vaya más allá de parches, combinando control y recursos de integración.
El caso, en apariencia un hecho aislado, refleja una tensión social creciente en torno a la gestión de la inmigración juvenil y la seguridad ciudadana. Mientras la víctima se recupera, los tres menores han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que deberá determinar su responsabilidad. El desenlace judicial, sin embargo, no resolverá por sí mismo las preguntas de fondo sobre cómo se gestionan estos centros y qué se hace para evitar que hechos como este se repitan.