Cuando pedir ayuda se topa con un ingreso de seis meses
Un mensaje publicado hace unas horas lo resume en dos frases: «Estoy pensando en suicidarme» y «tengo pastillas y whisky». Lo que sigue no es una intervención de emergencia, sino un coro de voces que restan importancia a la amenaza: «con eso no te vas al otro mundo», «no necesitas hacer nada», «el resultado final será el mismo». Entre medias, un consejo técnico: la mezcla de un antipsicótico con alcohol puede dejar secuelas neurológicas, pero no parece que eso mueva a nadie a una llamada al 024.
La parte más incómoda llega cuando quien pide ayuda describe su contacto con el sistema. Según su relato, en el centro de salud mental de Arturo Soria, en Madrid, le comunicaron que no merecía la pena hacerle un cuadro clínico si no ingresaba seis meses. Es el triaje de la miseria: o estás lo bastante grave para un encierro que cambie tu agenda vital, o cualquier evaluación ambulatoria se considera prescindible.
La respuesta virtual y la administrativa se parecen más de lo que la sociedad quiere admitir: ambas dicen que, en el fondo, no es para tanto. Una banaliza la farmacología; la otra, la demanda de ayuda. El agradecimiento final del protagonista —«gracias», tras un hueco «ten ánimo, no decaigas»— sugiere que el único soporte real que encontró fue un cliché con buena intención.
Mientras tanto, la conversación se deshace sin que nadie se pregunte por qué el sistema ha normalizado la idea de que una crisis suicida debe esperar su turno. El dato que debería escandalizar no es la letalidad del cóctel, sino la normalidad con que se maneja el plazo de la espera.