Herminia, 76 años: una semana durmiendo en una silla de ruedas en un parque de Valencia

Herminia, 76 años: una semana durmiendo en una silla de ruedas en un parque de Valencia​

La noche del 19 de junio, la policía desalojó a Herminia, de 76 años y problemas de movilidad, del piso donde vivía desde hace tres años a 50 metros del parque. Desde entonces, ella y su familia —su marido de 81 años con un codo roto, su hijo de 51 y su hija de 41 con una discapacidad superior al 70%— duermen a la intemperie. Ella sobre la silla de ruedas; su hija, sobre la plataforma del tobogán.

Ingresos que no bastan para un techo en Valencia​

La familia percibe tres prestaciones indefinidas del Estado. Sumando pensiones no contributivas y ayudas por discapacidad, los ingresos mensuales rondan los 1.500-2.000 euros. Con ese dinero, en un pueblo del interior de Castellón o Teruel podrían alquilar por 400-700 euros y vivir desahogados. Pero no se van. La explicación que dan es que sus muebles están en un trastero del barrio y que el arraigo pesa. Otra, menos confesable: el mercado de alquiler de Valencia, tensionado por la demanda turística, no les ofrece nada asequible.

El limbo de los inquilinos vulnerables​

La familia tiene reconocida la condición de vulnerabilidad, una figura legal que blinda sus pagos pero que, paradójicamente, los expulsa del mercado. Ningún propietario quiere arriesgarse a un inquilino protegido: si deja de pagar, el desahucio puede alargarse años. El resultado es que nadie les alquila. “El Estado les da tres pagas y las tienen blindadas; pueden irse a un pueblo y pagar 500-700 euros, pero no quieren”, resume una corriente de análisis que responsabiliza a la falta de previsión. Frente a ella, la postura contraria señala que el problema es sistémico: “La figura de vulnerable es necesaria, pero sin que el Estado garantice el pago al casero, el círculo se cierra”.

La grieta entre el discurso y la acción​

La historia de Herminia divide entre quienes ven un fracaso individual y quienes denuncian un fallo colectivo. Los primeros recuerdan que los ingresos familiares bastan para una vida humilde en el interior; los segundos replican que la vivienda en Valencia se ha convertido en un lujo inaccesible incluso para quienes tienen pagas. Mientras tanto, ella cuenta que las noches se le hacen “un mundo” y que el colchón que le trajo su hijo apenas alivia los huesos. Nadie discute que la solución pasa por algo que nadie hace: que el erario cubra el 75% del alquiler a los caseros que acepten a este perfil. Pero eso requeriría voluntad política y un gasto que ningún gobierno parece dispuesto a asumir.

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