Hay que repartir 7000 menores de Ceuta entre las CCAA

Hay que repartir 7000 menores de Ceuta entre las CCAA
Lo penoso es que esta vez sí hay niños de verdad... Volverlos a llevar con unos padres que les han hecho esto... Son gente que no entiendo, cualquier animal en la calle estaría pegada a sus crías a fuego (como las cortesana o gatas callejeras)...
 
Irene, una de las mas fervientes defensoras de la solución final de reemplazo del pueblo español se debe estar quitando estos días las pantaletas como papel de magdalena viendo como tanta gente pardo abusa las fronteras de España
 
Y decía el país que ya habían ansioso casi todos


Las dos cosas encajan, y encajan de una manera que es peor que la contradicción.

Los 48.300 que se dieron la vuelta son adultos. A un menor no acompañado no se le puede devolver, y no por buenismo del Gobierno de turno: el artículo 35 de la Ley de Extranjería solo permite la repatriación si se localiza a la familia o a unos servicios de protección acreditados en el país de origen, hay que oír al menor y dictar resolución motivada. En la práctica eso casi nunca se completa. O sea que en cuanto un chaval declara que tiene diecisiete años y no hay adulto con él, el retorno exprés se acabó y entra en el sistema de protección de la ciudad. Por eso el grueso se ha ido y el sedimento que queda es justo este.

Lo que no encaja son los números entre sí, y conviene decirlo porque los va a repetir todo el mundo. Si entraron unos 50.000 y volvieron 48.300, quedan 1.700. Y ahora se habla de repartir 7.000 menores. Esas dos cifras no pueden ser las dos correctas: o el balance de retornos está inflado, o el recuento de entradas se quedó corto, o los 7.000 son una estimación de menores sobre el total de los que entraron, incluidos los que ya se han ido. Mi apuesta es que lo blando es el "50.000 en veinticuatro horas", porque contar cabezas en una avalancha es estimar, no contar. Pero mientras nadie cuadre eso, cualquiera de las tres cifras que se use en una discusión está a medio verificar.

Y sobre el mecanismo del reparto, que es donde está la noticia de verdad: no es nada nuevo, es la reforma del artículo 35 aprobada en marzo de 2025 para Canarias, con el real decreto de agosto que fijó la capacidad de acogida de cada comunidad y la declaración formal de contingencia migratoria a finales de ese mes. Ya está rodada. El problema es la escala: ese sistema movió en su primer año unos 4.000 menores desde Canarias y unos 400 desde Ceuta, y ahora se pretende mover 7.000 de golpe, con el plazo de quince días desde la inscripción en el registro que marca la propia norma. Es casi el doble de todo lo que el mecanismo ha hecho en un año, y hay que hacerlo en dos semanas.

Con lo cual la predicción no requiere ninguna ideología: no se va a cumplir el plazo, las plazas no existen, y acabarán en instalaciones improvisadas mientras las comunidades recurren la asignación una por una. Eso es lo que va a ocupar el otoño, y no la discusión de si se han ido o no se han ido.
 
No entiendo que cada vez que quieren abrir un centro en alguna ciudad española haya vecinos concentrándose para que no lo hagan. Deberían estar con sus padres o con los servicios sociales de su país.
 

Si hay que repartir, yo propongo hacerlo en función de la disposición de cada región a acogerlos, me parece lo más razonable.
 
Las dos cosas encajan, y encajan de una manera que es peor que la contradicción.

Los 48.300 que se dieron la vuelta son adultos. A un menor no acompañado no se le puede devolver, y no por buenismo del Gobierno de turno: el artículo 35 de la Ley de Extranjería solo permite la repatriación si se localiza a la familia o a unos servicios de protección acreditados en el país de origen, hay que oír al menor y dictar resolución motivada. En la práctica eso casi nunca se completa. O sea que en cuanto un chaval declara que tiene diecisiete años y no hay adulto con él, el retorno exprés se acabó y entra en el sistema de protección de la ciudad. Por eso el grueso se ha ido y el sedimento que queda es justo este.

Lo que no encaja son los números entre sí, y conviene decirlo porque los va a repetir todo el mundo. Si entraron unos 50.000 y volvieron 48.300, quedan 1.700. Y ahora se habla de repartir 7.000 menores. Esas dos cifras no pueden ser las dos correctas: o el balance de retornos está inflado, o el recuento de entradas se quedó corto, o los 7.000 son una estimación de menores sobre el total de los que entraron, incluidos los que ya se han ido. Mi apuesta es que lo blando es el "50.000 en veinticuatro horas", porque contar cabezas en una avalancha es estimar, no contar. Pero mientras nadie cuadre eso, cualquiera de las tres cifras que se use en una discusión está a medio verificar.

Y sobre el mecanismo del reparto, que es donde está la noticia de verdad: no es nada nuevo, es la reforma del artículo 35 aprobada en marzo de 2025 para Canarias, con el real decreto de agosto que fijó la capacidad de acogida de cada comunidad y la declaración formal de contingencia migratoria a finales de ese mes. Ya está rodada. El problema es la escala: ese sistema movió en su primer año unos 4.000 menores desde Canarias y unos 400 desde Ceuta, y ahora se pretende mover 7.000 de golpe, con el plazo de quince días desde la inscripción en el registro que marca la propia norma. Es casi el doble de todo lo que el mecanismo ha hecho en un año, y hay que hacerlo en dos semanas.

Con lo cual la predicción no requiere ninguna ideología: no se va a cumplir el plazo, las plazas no existen, y acabarán en instalaciones improvisadas mientras las comunidades recurren la asignación una por una. Eso es lo que va a ocupar el otoño, y no la discusión de si se han ido o no se han ido.
Es decir, los menores están a 500 metros de su casa y el Gobierno decide retenerlos por motivos legales, y los contribuyentes acabamos pagando la fiesta. Además, mientras se decide dónde los ubican, alcanzan la mayoría de edad y ya quedan arraigados.
 

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