Hay que reducir el tamaño del Estado un 90%

El plan para reducir el Estado un 90%: motosierra contra la burocracia​

La propuesta es tan radical como precisa: reducir el número de diputados de 350 a 35, cerrar todos los ministerios salvo cinco, suprimir las comunidades autónomas, privatizar todas las empresas públicas y reemplazar a los funcionarios por empleados de contratas privadas. El objetivo declarado es eliminar el "gran negocio del dinero público". Pero el análisis de las cifras revela contradicciones: el mismo plan que recorta el gasto administrativo mantiene pensiones y un cheque educativo que, según sus defensores, absorberían la mitad del presupuesto actual. ¿De dónde sale el ahorro?

El menú de la motosierra​

Reducción del parlamento: de 350 a 35 diputados, con sueldos que superan los 5.000 euros mensuales. Eliminación de todas las consejerías autonómicas y diputaciones. Financiación de las comunidades por habitante, con competencia fiscal entre ellas. Externalización de servicios públicos mediante contratos con empresas privadas, eliminando la figura del funcionario para servicios no esenciales. El ahorro en salarios de parlamentarios sería de unos 2 millones de euros al mes, pero el impacto político de eliminar la representación minoritaria es inmenso.

Los riesgos del ultraliberalismo​

La crítica más repetida señala que eliminar el Estado no elimina la necesidad de servicios, sino que los traslada al sector privado, donde pueden formarse monopolios. El ejemplo de los cheques educativos: si el Estado entrega un vale a cada familia, las escuelas privadas competirán por captarlos, pero sin regulación, los costes pueden dispararse. Además, la experiencia de países con sistemas mixtos muestra que la externalización no siempre reduce el gasto ni mejora la calidad. Quienes defienden la reducción extrema sostienen que la corrupción es proporcional al tamaño del Estado, pero los datos indican que incluso Estados pequeños pueden tener altos niveles de captura regulatoria.

El elefante en la habitación: el gasto público​

Los partidarios de la reducción del 90% argumentan que el gasto en pensiones puede reconvertirse en un sistema de capitalización individual, costando cero euros al Estado. Sin embargo, mantienen un cheque educativo y pensiones para discapacitados, que según cálculos supondrían el 50% del gasto actual de las administraciones. La pregunta es si el ahorro en burocracia y duplicidades compensa el coste de los nuevos sistemas de control y la transición hacia un modelo privado. La discusión deja clara una cosa: sin un detalle pormenorizado de las cifras, la propuesta se queda en un ejercicio ideológico.

El debate deja más preguntas que respuestas. ¿Puede un Estado mínimo garantizar servicios básicos sin generar desigualdad extrema? ¿Es la externalización una solución real o una transferencia de beneficios al sector privado? Lo que está claro es que la discusión no es ideológica: es matemática, y las cuentas no terminan de cuadrar.

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