Corrupción: Hay que quitarles las pensiones (y los pisitos que les regaló franco): casi un millón y medio de viejos cobran +2.000 euros mensuales, un latrocinio

Casi 1,5 millones de jubilados cobran más de 2.000 euros al mes​

España tiene un problema de pensiones que no es de solidaridad, es de aritmética. Casi millón y medio de jubilados cobran por encima de 2.000 euros mensuales, y la pensión de un nuevo jubilado supera en un 43% lo que gana al año un trabajador joven. La cifra, en sí, no escandaliza a nadie: lo que chirría es que el sistema que las paga no guarda ni un euro de la cotización de quien las financia.

Cuántos pensionistas cobran más de 2.000 euros al mes​

Los recuentos que circulan desde principios de 2023 sitúan en casi un millón y medio los perceptores por encima de 2.000 euros al mes, y añaden otros 800.000 por encima de 1.500. Por arriba de los 3.000 el grupo se estrecha, pero no desaparece: hay quien presume de cobrar 3.810,05 euros brutos tras haber cotizado por una base de 4.100.

A ese colectivo se le reprocha que consuma además médicos y medicamentos, un gasto que no aparece en la nómina pero sí en las cuentas públicas. La óptica cambia según dónde se ponga el foco: en el importe de la transferencia o en el coste total del perceptor.

Por qué el sistema de pensiones no es una hucha​

Aquí la discusión se atasca siempre en el mismo malentendido. El sistema español es de reparto: el dinero que entra cada mes paga las nóminas de ese mes. No hay cuenta individual, no hay fondo acumulado, no hay nada guardado en ningún sitio.

Quien cotizó en pesetas pagó las pensiones de la generación anterior, bastante más bajas, y ahora cobra una prestación que financian los que aún trabajan. La frase que describe el mecanismo con más precisión es la de quienes señalan que el importe no depende de lo cotizado en los ochenta, sino de lo que se recaude ahora. Con el matiz incómodo: la Seguridad Social lleva años gastando en pensiones más de lo que ingresa por cotizaciones.

La brecha entre el pensionista nuevo y el mileurista​

El dato que más incomoda es la brecha generacional: un nuevo jubilado cobra al año un 43% más que los trabajadores más jóvenes. Menos de un 15% del empleo privado alcanza los 3.000 euros al mes, así que la comparación entre una pensión alta y un sueldo precario no es retórica: es la nómina de al lado.

Hay quien sostiene que esa distancia se explica por carreras laborales largas y bases altas. En contra pesa un argumento difícil de esquivar: el empleo estable que produjo esas bases ya casi no existe, y el trabajador actual cotiza por tramos bajos e intermitentes. Las estimaciones del INE apuntan a que las transferencias entre generaciones son positivamente favorables a los mayores; la respuesta es que eso mide el papel, no la nevera compartida.

Los pisos, Franco y el relato que no cuadra​

La versión más dura del relato sostiene que a esta generación no solo se le paga una pensión alta, sino que además se le regalaron viviendas en su día. El detalle se cae con facilidad: las viviendas sociales de la época se pagaban, no se regalaban, y quien cobra 3.000 euros de pensión solía venir de un puesto de cualificación alta, no de una adjudicación.

Otra cosa es el efecto acumulado. Una pensión de 2.000 euros permite sostener a un hijo en paro, pagar una hipoteca ajena o llenar la nevera de una casa con tres adultos. Que eso no aparezca como transferencia intergeneracional en ninguna estadística es, precisamente, lo que más cuesta rebatir.

El contraejemplo del ingreso mínimo vital​

Una parte del análisis desvía la mirada hacia otras prestaciones. El ejemplo que se repite: una pareja con tres hijos pequeños y sin apenas cotización puede percibir alrededor de 1.614,57 euros mensuales vía ingreso mínimo vital. La pregunta que lanzan es por qué se señala al jubilado que cotizó cuarenta años y no a la unidad familiar que nunca cotizó. Los defensores del IMV responden que se está mezclando la sostenibilidad del sistema contributivo con la cobertura de la pobreza, y que son dos problemas distintos.

Qué pasa con la revalorización de 2026​

El Gobierno aprobó la revalorización de las pensiones para 2026: un 2,7% para las de jubilación, entre un 7% y un 11,4% para las mínimas, y un 11,4% también para las no contributivas y el ingreso mínimo vital. La medida se presenta como escudo social; quienes la critican la leen como compra de voto a diez millones de perceptores.

Ese es el número que lo explica todo: diez millones de personas. Ningún partido con aspiraciones serias de gobernar ha tocado el gasto en pensiones más allá del margen de la revalorización, y no parece que vaya a hacerlo mientras las urnas digan lo que dicen.

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Con estos mimbres, la predicción razonable es aburrida: nada se recortará mientras el déficit se pueda financiar. Si el coste de la deuda o el envejecimiento fuerzan la mano, el ajuste llegará por la vía menos visible —la fórmula de cálculo, la edad, el periodo de cómputo— y no por una rebaja explícita de las nóminas actuales. Cómo de rápido, nadie lo firma.