Harto de intrum justitia

Intrum Justitia reclama 120 euros de una baja que el cliente dice haber tramitado​

Un cliente de Vodafone tramitó la baja de su línea de datos por teléfono en diciembre de 2011. La operadora le confirmó que todo estaba correcto. En enero y febrero de 2012 le llegaron dos recibos de 60 y pico euros cada uno, que devolvió. Desde entonces, una empresa de recobro le llama para cobrar esas facturas y él insiste en lo mismo: no debe nada porque el servicio se dio de baja y no se usó.

El caso tiene todos los ingredientes de un conflicto que se repite: una baja telefónica sin justificante, una operadora que no aporta la grabación y un fondo que compra la deuda y aprieta. El afectado pide la grabación a Vodafone. No se la dan. Pide a Intrum Justitia que le justifique la deuda. Tampoco. La deuda inicial de 120 y pico euros se ha convertido, según le comunican, en 170 y pico euros con intereses.

La baja que, según Vodafone, no se tramitó​

La secuencia es sencilla y por eso duele. Llamada de baja en diciembre de 2011, confirmación verbal de la operadora y ningún documento. Dos cargos posteriores, dos devoluciones y una segunda llamada a Vodafone en la que le dicen que la baja no estaba tramitada. Ahí se tramita de verdad y los cargos cesan. Pero las dos facturas de enero y febrero ya estaban emitidas.

El afectado sostiene que no usó el servicio desde la primera llamada. Intrum Justitia sostiene que le constan dos facturas impagadas. Y en medio, una pregunta incómoda: ¿quién tiene que demostrar que la baja existió? La empresa de recobro le exige al cliente que justifique una gestión telefónica que la propia operadora debería tener grabada. La grabación, que él reclama, no aparece.

El negocio de comprar deudas y llamar​

El afectado describe el modelo sin paños calientes: empresas que compran deudas por menos de su valor nominal y viven de presionar hasta cobrar. No es una descripción neutral, es su lectura del negocio, y encaja con lo que él mismo cuenta: llamadas de distintos números, cartas con amenaza de juicio y un listado de morosos como argumento recurrente.

Su respuesta ha ido mutando con los años. Primero explicaba el caso con paciencia. Después empezó a invitar a los cobradores a ir a juicio: si un juez dice que la deuda es correcta, paga el importe, las costas y hasta invita a un café. Ellos responden que la decisión de demandar no depende de quien llama. Y siguen marcando.

Qué se puede hacer contra el acoso telefónico​

Las respuestas del hilo van por dos vías. La primera, la denuncia: consumo y protección de datos, gratis, y con la idea de que la empresa se lo piense cuando vea que el afectado no se queda quieto. La segunda, la barrera técnica: listas negras en el móvil para que sus números no suenen, desvío al buzón de voz y, en el fijo, bloquear números concretos o dejar el teléfono descolgado unos minutos en cada llamada.

La protección de datos aparece como el flanco más interesante. El contrato recuperado incluye una cláusula de cesión de datos personales a ficheros de Vodafone, pero el afectado no tiene claro hasta dónde llega esa autorización ni si cubre la venta de la deuda a un tercero. Es la pregunta que él mismo se hace y que nadie en la conversación responde con seguridad.

El dato que descoloca no es la deuda. Es el tiempo: más de una década después, las llamadas siguen. Y el importe ha crecido de 120 a 170 euros sin que nadie haya enseñado todavía la grabación que lo aclararía todo.