Han dado 48 horas a Pedro Sánchez, de lo contrario se le aplicará la doctrina del tiranicidio del teólogo jesuita padre Juan de mar1ana

El tiranicidio de Mariana y el ultimátum que ya caducó dos veces​

El ultimátum lleva tres días caducando y ya ha cambiado de plazo dos veces. Primero fueron 72 horas; ahora son 48. Y en cada rebaja se repite el mismo ritual: invocar la doctrina del tiranicidio del jesuita Juan de Mariana para dar por sentado que un presidente del Gobierno español tiene fecha de caducidad. Que exista un procedimiento para forzar la salida de Pedro Sánchez en dos días es, sencillamente, falso. Lo llamativo no es el bulo: es que, cuatro siglos después de escribirse, el artefacto siga funcionando.

Qué decía de verdad Juan de Mariana​

Juan de Mariana (1536-1624), jesuita, publicó en 1599 De Rege et Regis Institutione, un tratado sobre el poder real. En él sostenía que un monarca que se convierte en tirano pierde la legitimidad y, en circunstancias extremas, cuando no queda otro modo de salvar a la comunidad, puede ser depuesto. La tesis era incendiaria incluso entonces: la Sorbona la censuró y el debate le costó más de un disgusto a la Compañía de Jesús. La frase que ahora circula sobre matar al príncipe como enemigo público sale de ese contexto histórico, no de un manual vigente. Traducirla a la España de hoy exige un salto argumental considerable.

El ultimátum de 48 horas: quién lo lanza y por qué no lo cumple​

El relato circula sin emisor verificable. Se atribuye a una figura pública que leía en voz alta una suerte de cartas, presuntamente de origen militar, y que venía a sostener que cualquiera podría detener al tirano. El matiz importa, porque quien lanza el llamamiento no lo ejecuta: sabe que la consecuencia penal recae sobre quien da el primer paso. Arengar a otros es gratis; moverse, no. De ahí que el ultimátum se formule siempre en tercera persona, como una obligación que recae en un sujeto abstracto, y no en quien lo escribe.

Lo que la ley permite de verdad: poco​

No existe un mecanismo que obligue a dimitir por no presentar los Presupuestos Generales del Estado. La norma no fija ese efecto y la experiencia lo confirma: cuando el PP no los presentó, fue el PSOE quien reclamó la dimisión y el Gobierno quien se negó; ahora la presión llega del lado contrario, con los papeles invertidos. Ninguna ley contempla plazos de 48 ni de 72 horas. El ultimátum no es jurídico; es una cuña emocional que se apoya en un descontento real pero sin puerta de salida institucional.

El relato que se desacredita solo​

Lo más revelador es cómo el propio relato se consume. Se bromea con que es el enésimo aviso de una salida que nunca llega, se rebaja el contador a minutos en plan burla y se recuerda que cada otoño reaparece la misma profecía. Hay incluso quien calcula cuántas horas duraría un día en Venus (5.832 horas terrestres, unos 243 días de aquí) para jugar con los plazos. La desconfianza es transversal: se critica por igual al que promete colapso inminente y al que presume de estabilidad blindada. El desgaste existe; el ultimátum, en cambio, es de cartón.

Si el patrón se cumple, el contador volverá a reiniciarse. Habrá un nuevo plazo, una nueva carta y un nuevo plazo caducado, sin que ninguna institución haya cambiado un solo papel. La doctrina del tiranicidio sobrevivirá como eslogan mucho más tiempo del que sobreviviría cualquiera que se la tomara al pie de la letra.