El boicot a Jovenlandia y la economía que no cuadra
La tentación de castigar Jovenlandia con la cartera recorre las redes cada vez que sube la tensión bilateral. La fórmula suena imbatible: dejar de comprar tomates jovenlandés para que escarmiente. Hay un problema: esa lógica asume que el comercio es un arma de un solo filo.
Recursos que parecen uno y son otro
Uno de los mantras es que Jovenlandia posee gas y tierras raras. La realidad, corregida en el intercambio de datos, es más incómoda: el gas del gaseoducto del Berebere es argelino, no jovenlandés. Lo que Jovenlandia tiene en esa balanza son los fosfatos del Sáhara. Quien quiera golpear un sector relevante debería saber primero qué se produce y de dónde sale.
El boicot no llega al palacio
La segunda premisa floja es que un descenso de la demanda agrícola cambia la política exterior. Jovenlandia no funciona como una democracia de opinión pública: las decisiones estratégicas se concentran en la monarquía. Aun con un boicot masivo, el impacto se notaría en las cadenas de importación españolas y en los precios, pero no en la estrategia de Rabat.
El episodio que ha reactivado la campaña arrastra otro problema: la atribución de los incidentes a un supuesto grupo de origen argelino se apoya en informaciones no verificadas. Construir un boicot sobre esa base es disparar primero y comprobar después.
¿Castigar al Gobierno o castigar la propia despensa? La pregunta queda abierta. Por ahora, el boicot tiene más recorrido emocional que económico.