PSOE García Ortiz condenado e inhabilitado

García Ortiz, condenado: el fiscal general que desafía al Supremo

¿Puede un condenado por delito doloso seguir siendo fiscal general del Estado? En España, al parecer sí. Álvaro García Ortiz ha sido declarado culpable por su actuación en el caso que rodea a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero se niega a dimitir y el Gobierno, lejos de apartarlo, parece dispuesto a sostenerlo. El culebrón judicial-político suma un nuevo capítulo.

Los hechos: una condena que divide la opinión

El origen de todo está en la imfrutación de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por embeleco fiscal y falsedad documental. En ese contexto, la Fiscalía General —que dirige García Ortiz— filtró supuestamente datos del caso a la prensa para perjudicar al entorno de la presidenta madrileña. El Tribunal Supremo, con el juez Ángel Hurtado al frente, no lo vio así: para el alto tribunal, hubo revelación de secretos y prevaricación. La condena llegó, pero el fiscal general se ha aferrado al cargo amparándose en que no hay sentencia firme y recurrirá.

La paradoja no es menor: el mismo juez que en 2017 se opuso a condenar al PP como partícipe a título lucrativo en la Gürtel —sentencia que acabó con la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa— es ahora el que investiga y condena al fiscal general. La historia, como poco, tiene guiños irónicos.

La reacción del fiscal y el Gobierno: ni dimisión ni autocrítica

Lejos de asumir responsabilidades, García Ortiz ha calificado la condena de “bulo” y ha asegurado que su actuación fue correcta. El Gobierno, por su parte, guarda silencio, pero los rumores de un posible indulto preventivo ya corren como la pólvora. En el hilo, no falta quien recuerda que Sánchez ya tiene preparado el indulto, aunque otros apuntan a que recurrirán al Constitucional y, si es necesario, a Estrasburgo. Mientras tanto, el fiscal general sigue despachando en su despacho de la calle Fortuny, fruta primero, condenado después.

¿Y ahora qué? Las consecuencias políticas

La condena a García Ortiz no es una cuestión menor: pone en jaque al Ministerio Fiscal, una pieza clave del Estado de Derecho. Si la sentencia se confirma en el Supremo, el fiscal general podría perder su condición de fiscal por delito doloso, según el artículo 32 del Estatuto Orgánico. Pero antes, el Gobierno tendrá que decidir si lo mantiene o lo cesa. Y ahí está el dilema: Sánchez necesita a un fiscal general afín para protegerse de otras causas que acechan a su gobierno, como el caso Koldo o el espionaje a independentistas.

Lo más sangrante, según algunos análisis, no es la condena en sí, sino que mientras el fiscal general se enfrenta a la justicia, el jefe de gabinete de Ayuso ha reconocido haber mentido en sede judicial sin que le ocurra nada. La sensación de que la justicia tiene dos varas de medir se extiende.

El cierre es lo que menos sorpresa da: la izquierda mediática, que tanto deplora la corrupción en el PP, ahora guarda un silencio sepulcral o, peor, justifica lo injustificable. La condena a García Ortiz pasará a la historia como un hito de la degradación institucional, pero probablemente no sea el último. El país, mientras, sigue su curso, con un fiscal general condenado y un gobierno que lo sostiene. Así funciona la democracia española, o lo que queda de ella.