Funcionaria de seguridad despedida, avisó, a primera hora del día d, que había 49.000 ilegales entrando a Ceuta.

La funcionaria del DSN cesada por alertar de 49.000 entradas en Ceuta​

La Moncloa ha vuelto a demostrar que el mensajero paga por el mensaje. El pasado viernes, la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) fue destituida mediante una llamada telefónica mientras estaba de vacaciones. Su delito: publicar a primera hora de la mañana una alerta en la web oficial del DSN que estimaba en más de 49.000 las personas que habían entrado irregularmente en Ceuta en 24 horas, a través del espigón y la playa del Tarajal. La alerta, que citaba un informe interno del Ministerio del Interior, fue retirada de la página web poco después.

La secuencia que no cuadra​

Los datos que manejaba la alerta no eran un invento: procedían de un informe interno del Ministerio del Interior. Pero la versión oficial sostiene que no debían haberse hecho públicos en ese momento. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha negado, en una rueda de prensa tras una reunión extraordinaria con homólogos europeos, que el CNI avisara de que pudiera pasar “nada parecido” a una entrada masiva en Ceuta. La funcionaria, en cambio, dio la alerta “correctamente y a tiempo”, según una corriente de análisis que ve en el cese una represalia política.

Hay algo que chirría: si el CNI no avisó, ¿de dónde salieron las cifras? Si sí avisó, ¿por qué Marlaska lo niega? Las respuestas posibles son todas incómodas. Una apunta a que la alerta se publicó bajo la autoridad del DSN, que depende de Presidencia, y no de Interior. Otra, más escéptica, sugiere que el problema no fue la falta de información, sino que se hiciera pública antes de que el Gobierno pudiera controlar el relato.

¿Puede una funcionaria ser cesada así?​

Jurídicamente, el cese es más difícil de impugnar de lo que parece. La afectada ocupaba un puesto de libre designación, esos que se cubren a dedo y se pueden retirar a dedo. Pero el Tribunal Supremo lleva años apretando las tuercas: la sentencia 1198/2019, de 19 de septiembre, exige que el cese esté motivado, sin fórmulas opacas ni estereotipadas. Debe expresar que han dejado de concurrir las razones de confianza e idoneidad que justificaron el nombramiento, o una circunstancia objetiva.

La prevaricación, otra vía que se ha barajado, requiere que la ilegalidad sea “palmaria, flagrante y objetiva”, con conocimiento de la injusticia. Ese listón es altísimo. Lo realista es una demanda contencioso-administrativa: la Administración tendría que explicar qué cambió para que la confianza se rompiera justo después de publicar una alerta veraz. El precedente que algunos citan es el del doctor chino Li Wenliang, reprendido por alertar del coronavirus y rehabilitado póstumamente. La historia no suele ponerse del lado de quien castiga al avisador.

El mensaje que queda​

La funcionaria conserva su condición de funcionaria de carrera; solo pierde el puesto de libre designación. Pero el mensaje al resto del aparato es nítido: informar a tiempo, si la información incomoda, sale caro. La pregunta que nadie termina de responder no es si el cese era recurrible —lo es— sino por qué una alerta pensada para proteger a la población se trató como un acto de insubordinación. Hasta que eso se aclare, Ceuta seguirá siendo el termómetro de una relación con Marruecos que en Moncloa nadie quiere medir.