Fuga de funcionarios en ministerios bajo sospecha para no comprometer su firma

La fuga silenciosa de funcionarios que no quieren firmar la corrupción

En las últimas semanas, THE OBJECTIVE ha destapado un movimiento inusual dentro de la Administración: altos y medios funcionarios de ministerios y organismos salpicados por casos de corrupción están solicitando traslados a otros departamentos, incluso aceptando menos sueldo y nivel, para no verse obligados a estampar su firma en documentos que consideran al margen de la legalidad. La presión de los cargos políticos habría llevado a este colectivo a una situación de pánico, con peticiones de trazabilidad clara para no acabar en el punto de mira judicial.

Funcionarios de carrera vs. puestos de libre designación: la clave del problema

El debate técnico que subyace a esta fuga es esencial para entender el alcance del fenómeno. No es lo mismo un funcionario de carrera, inamovible y protegido por el EBEP, que un funcionario que ocupa un puesto de libre designación, nombrado a dedo por un político y sujeto a la pérdida de confianza. En el segundo caso, la remoción del puesto es inmediata, y el funcionario solo puede volver a su destino de origen. Pero la presión no es solo administrativa: como se ha señalado, el miedo a represalias, a perder prebendas asociadas a la productividad o a que sus familiares se vean afectados, pesa más que la teórica protección del estatuto.

Un caso concreto ilustra la situación: una subdirectora nombrada a dedo en un cargo tecnológico vinculado a la Sociedad de la Información, con perfil de licenciada en Derecho en lugar del ingeniero de telecomunicaciones que suele ocupar el puesto, ha decidido no firmar y derivar la responsabilidad a un cargo inferior. Este último se ha rebelado y se niega a firmar lo que considera un marrón. La cadena de negativas revela que el problema no es la ignorancia de la norma, sino la resistencia activa a participar en decisiones que podrían acarrear responsabilidades penales.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre Ábalos y la colonización de las instituciones

El Tribunal Supremo, en la sentencia que condenó a más de dos décadas de prisión a José Luis Ábalos, ya alertó de que la colonización de las instituciones es una de las causas de la corrupción, porque elimina los mecanismos de prevención de conductas ilícitas en la Administración pública. Esta advertencia cobra ahora pleno sentido: cuando los puestos técnicos se cubren con perfiles políticos afines, la cadena de control se rompe y los funcionarios que se resisten se convierten en obstáculos a eliminar o en fugitivos internos.

La AEAT, señalada como núcleo de la corrupción por algunos análisis, no parece haberse revuelto, mientras que en otros organismos como Exteriores se denuncian expedientes de nacionalización imposibles de tramitar conforme a la ley, con consulados procesando 100.000 expedientes sin medios suficientes. La sospecha de que la excepción a la regla de que los directores generales sean funcionarios A1 se ha convertido en norma, con nombramientos como el del Director General del Tesoro al mar1 de una figura política, refuerza la percepción de que la meritocracia ha sido sustituida por el enchufismo.

¿Denunciar o huir? Las dos caras de la misma moneda

Las posturas ante esta fuga son encontradas. Hay quien sostiene que los funcionarios están blindados precisamente para no ceder a presiones, y que su obligación es denunciar las irregularidades, no escapar. En contra, se argumenta que la presión soterrada y continuada, el miedo a represalias no explícitas y la posibilidad de quedar marcados para siempre en su carrera profesional hacen que la huida sea la opción más racional para quien no quiere acabar en el banquillo. La existencia del delito de omisión, que castiga al que calla, añade un incentivo perverso: no firmar puede ser delito, pero firmar lo ilegal también.

Mientras tanto, la huida de estos funcionarios deja una estela de preguntas incómodas. ¿Qué pasa con los que se quedan? ¿Cuántos documentos se están firmando bajo coacción? La trazabilidad digital de cada firma, cada consulta y cada informe, que algunos celebran como una garantía, también puede ser un arma de doble filo: todo queda registrado, pero también puede ser hackeado o borrado. La fuga es, en el fondo, un síntoma de que el sistema de control interno ha colapsado, y de que la única salida para muchos es la deserción silenciosa.