Una vivienda en Paiporta empadrona a 16 menores ucranianos sin control municipal
El padrón municipal de Paiporta ha registrado en una única vivienda a 16 menores ucranianos no acompañados. La cifra, que para algunos es un fraude administrativo en toda regla y para otros un gesto humanitario, ha reabierto el debate sobre el valor real del empadronamiento y sus implicaciones económicas.
El precio del empadronamiento
Si la solidaridad tiene precio, el mercado lo fija. Las cifras que circulan apuntan a un mercado paralelo que cobra entre 300 y 500 euros por persona empadronada. Con 16 menores, el propietario habría podido embolsarse entre 4.800 y 8.000 euros, una cantidad que algunos no dudan en calificar de negocio encubierto. No es una tarifa oficial, pero la existencia de este mercado evidencia las grietas del sistema. Hay quien sostiene que el precio varía según la nacionalidad: un menor ucraniano cotiza mejor que uno de origen subsahariano, un extremo que nadie ha demostrado.
Fraude o solidaridad, la ley no distingue
Empadronar a quien no reside en el domicilio constituye una infracción grave. El Ayuntamiento tiene la obligación de comprobar la residencia efectiva y, si no se acredita, puede dar de baja al empadronado e imponer sanciones. En casos extremos, el titular se enfrenta a un procedimiento por falsedad documental, un delito con pena de cárcel. La intención humanitaria no exime del cumplimiento de la ley, y esa es la contradicción que muchos subrayan: lo que se presenta como solidaridad puede derivar en un problema judicial con consecuencias económicas.
La asimetría entre menores ucranianos y otros colectivos
El caso ha reabierto una vieja herida: el tratamiento desigual de los menores migrantes según su origen. Mientras los ucranianos reciben protección automática al amparo de la guerra, otros menores extranjeros que llegan de África o de Asia enfrentan un proceso de acogida mucho más lento y con más obstáculos. El dato de los desertores ucranianos en España —cerca de 60.000 según un informe que ha circulado— añade una capa más de complejidad: no todos los ucranianos en edad militar son menores, pero el sistema de acogida no diferencia. Una corriente de análisis sostiene que esta política crea un incentivo perverso para que hombres adultos se hagan pasar por menores, mientras otros colectivos quedan en la cola.
La próxima renta puede resultar el momento más incómodo. Hacienda podría imputar al titular de la vivienda un rendimiento en especie por la cesión del domicilio a cada una de las 16 personas. Es decir, la solidaridad acabaría pasando por caja, y no precisamente por voluntad del propietario.