Dos agresiones a menores en Ceuta reavivan la crisis migratoria
Ceuta amanece con una cifra contradictoria: dos denuncias oficiales por presuntas agresiones sexuales a menores y un rumor insistente que las multiplica hasta veinte. La ciudad vuelve a ser el termómetro de un problema que España no ha resuelto: qué hacer con una frontera permeable y con la llegada irregular de menores.
Las cifras oficiales y el rumor callejero
La Delegación del Gobierno mantiene que son dos los casos investigados. En la calle, sin embargo, se habla de hasta veinte, una brecha que destruye más confianza que el propio delito. Cuando la percepción pública y la estadística oficial se separan tanto, la credibilidad institucional se resiente.
La presión política y el papel de las autonomías
Según las informaciones difundidas, el Ejecutivo habría instado a las comunidades autónomas a repartirse la acogida de los implicados. La Moncloa no ha confirmado oficialmente esa versión, pero el daño está hecho. La presencia de Cruz Roja en el dispositivo, destinado a la atención humanitaria, también ha sido arrastrada a la polémica.
Dos lecturas irreconciliables del mismo problema
Una corriente de opinión ve en estos hechos la consecuencia inevitable de una política de fronteras laxa y una demostración de que la acogida no puede ser incondicional. Otra advierte contra el riesgo de criminalizar a todo un colectivo por las acciones de unos pocos. Y en medio, Ceuta sigue siendo gobernada por PP y PSOE, dos partidos que comparten gestión y ninguno quiere asumir la responsabilidad.
El dato que descoloca no es la cifra de denuncias, sino la facilidad con la que el drama migratorio se convierte en arma electoral. Mientras tanto, las víctimas esperan justicia. Y el resto del país espera una respuesta que no llega.