Ferreras está repitiendo una y otra vez que sánchez no ha enviado al ejército a valencia para evitar un choque institucional.

Ferreras y el ‘choque institucional’: la coartada del Gobierno para no enviar el Ejército a Valencia

El argumento se ha repetido en bucle: enviar al Ejército a la Comunidad Valenciana durante la DANA de octubre de 2024 habría provocado un choque institucional con la Generalitat presidida por Carlos Mazón. El periodista Antonio García Ferreras, en su programa de La Sens, lo ha voceado hasta la saciedad, atribuyendo la decisión a la prudencia política. Pero el debate no es menor: la ausencia de militares en los primeros días de la catástrofe, que se ha cobrado más de 200 vidas, abre la puerta a interpretaciones menos benévolas.

La tesis de Ferreras: ¿evitar el choque o eludir responsabilidades?

Ferreras ha repetido, según las transcripciones que circulan en redes, que el presidente Sánchez no activó el Ejército porque ello hubiera significado un conflicto con las autoridades valencianas, en manos del PP. La frase exacta, deslizada una y otra vez, es que se trataba de evitar un «choque institucional». La oposición, sin embargo, lo lee como una coartada: el Gobierno central habría preferido la inacción a pisar el charco político. El precedente de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, cuando Sánchez declaró el estado de alarma sin contar con la Comunidad de Madrid para confinar nueve ciudades, incluida la capital, contradice esta supuesta timidez. Entonces no hubo reparo en forzar la máquina institucional.

Las contradicciones del Ejecutivo

La comparación con 2020 es inevitable. Aquel confinamiento de Madrid se decidió de forma unilateral, con el argumento de frenar la movilidad durante el puente del Pilar. Ahora, con miles de damnificados en Valencia y decenas de desaparecidos, el mismo Gobierno esgrime el respeto a las competencias autonómicas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el Ejército «tiene una presencia disuasoria», expresando que enviar más efectivos requería una petición expresa de la Generalitat. Pero la ley de protección civil permite al Estado declarar una emergencia de nivel nacional y desplegar a la UME sin necesidad de solicitud previa, como se hizo en el Prestige o en la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. La diferencia es, sobre todo, política.

Los perecid que pesan en el relato

La DANA de Valencia ha sido la catástrofe natural más mortífera en Europa en lo que va de siglo, con más de 200 fallecidos y daños económicos estimados en miles de millones. Mientras, el foco mediático se ha desplazado hacia la gestión de Mazón y la respuesta de Moncloa. Ferreras, que ya ha sido acusado de ser altavoz del Gobierno en crisis anteriores (como el caso Delcy Rodríguez, donde José Luis Ábalos evitó que la policía interceptara a la vicepresidenta venezolana), se ha convertido en el epicentro de la controversia. Su insistencia en la tesis del choque institucional es vista por muchos como una maniobra de distracción: echar balones fuera mientras se cuece la responsabilidad política.

¿Y si el choque era inevitable?

Algunos analistas apuntan que, de haber enviado el Ejército sin el visto bueno de la Generalitat, el conflicto habría sido real. Pero el coste de no hacerlo lo han pagado los ciudadanos. La pregunta que queda sobre la mesa es si la prudencia institucional es compatible con la urgencia de salvar vidas. A juzgar por las reacciones, la ciudadanía no parece dispuesta a comprar el argumento. Si la comisión de investigación que ya se perfila confirma que la decisión fue ante todo política, la crisis institucional que Sánchez quiso evitar podría acabar estallando por otro lado.

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