Corrupción: Fernando del Pino alopécico-Sotelo: España, ¿un país del Tercer Mundo

España no es un país del Tercer Mundo, pero su renta per cápita en paridad de poder adquisitivo ya queda muy por debajo de la de Singapur y su puesto 36 en el ranking mundial refleja un estancamiento relativo frente a otras economías desarrolladas. El debate sobre el declive se apoya en datos concretos: mantenimiento de infraestructuras, vivienda, deuda pública y presión fiscal.

El economista y escritor Fernando del Pino Calvo-Sotelo publicó el 10 de noviembre de 2026 un artículo titulado «España, ¿un país del Tercer Mundo?» en el que sostiene que España sigue el camino inverso al de Singapur. La comparación no es gratuita: la ciudad-Estado asiática pasó en dos generaciones de la pobreza a ser la economía con mayor PIB per cápita del mundo en paridad de poder adquisitivo, según los datos del Banco Mundial que cita el propio texto. España, en ese mismo ranking, ocupa el puesto 36. La distancia entre ambos países es de casi tres a uno en renta per cápita ajustada.

El artículo original, publicado en el blog del autor, estructura su argumento en torno a cuatro bloques: infraestructuras, vivienda, incompetencia gubernamental y lo que denomina «el candidato de Marruecos». No es un texto académico ni pretende serlo. Es un alegato político con datos económicos intercalados, y conviene leerlo sabiendo qué es cada cosa. Este artículo autónomo recoge los hechos verificables que el texto pone sobre la mesa y los separa de las opiniones que el autor vierte sobre ellos.

Singapur como espejo y el puesto 36 de España

Lee Kuan Yew gobernó Singapur durante tres décadas como primer ministro. En sus memorias, tituladas *From Third World to First*, relata cómo el país pasó de ser una nación pobre y sin recursos naturales a una economía próspera. El autor del artículo señala que Lee coqueteó con el socialismo en sus primeros años de gobierno y que, tras comprobar sus resultados, se convenció de que solo el libre mercado sacaría al país de la pobreza. Hoy Singapur lidera el ranking mundial de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, con una renta que casi triplica la española, según los datos del Banco Mundial citados en el texto.

España ocupa el puesto 36 en ese mismo ranking. La diferencia no se explica por una cuestión de suerte ni de recursos: Singapur no tiene petróleo, ni gas, ni una extensión territorial relevante. Tiene un puerto, una posición geográfica estratégica y un marco institucional que el autor considera clave. El artículo utiliza esta comparación para introducir la tesis central: España no está condenada a ese puesto, pero tampoco lo está evitando.

El texto original data el inicio del declive español «hace algunas décadas» y sitúa una aceleración brusca a partir de 2018, año en que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno. Esa periodización es una interpretación del autor, no un dato estadístico neutro. Lo que sí es verificable es que durante ese periodo se han producido cambios en política fiscal, de vivienda y de infraestructuras que el artículo enumera y que se detallan a continuación.

El mantenimiento de infraestructuras: el 25% frente al 50% europeo

El artículo dedica su primera sección a los accidentes ferroviarios ocurridos en España en 2026, que según el texto causaron más de un centenar de muertos en menos de un año. El autor califica la cifra de «sin parangón en el mundo desarrollado» y atribuye los siniestros a un insuficiente mantenimiento de la red. La afirmación sobre el número de víctimas y su relación con el mantenimiento es una tesis del autor; no se aporta en el texto un informe oficial que la respalde. Lo que sí se cita es un dato comparativo: España dedica un 25% del total de inversión en infraestructuras a mantenimiento, frente al 50% de media en la Unión Europea, el 60% de Alemania y el 70% de Francia. Esa cifra procede de un informe sobre el sistema ferroviario europeo que el artículo referencia.

El autor añade que el gasto en mantenimiento por pasajero ha caído casi un 40% en solo tres años. No especifica la fuente de ese dato en el cuerpo del texto, aunque lo presenta como una evidencia del abandono. La comparación con otros países europeos es relevante porque sitúa a España en el extremo inferior de la tabla en una partida que, precisamente, es la que previene fallos en cadena.

El artículo también señala que España es el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad después de China, y el país de Europa con más kilómetros de autopistas y autovías. Ajustado a superficie, España tiene un 50% más de kilómetros que Francia, pese a tener un PIB per cápita un 25% inferior al francés. La tesis del autor es que esa inversión en obra nueva responde a incentivos políticos —la inauguración, la foto, el corte de cinta— mientras que el mantenimiento es invisible electoralmente. Es una interpretación, pero los datos de kilómetros construidos y de porcentaje de inversión en mantenimiento son hechos contrastables.

El texto menciona un caso concreto: la autopista AP-4 de Sevilla a Cádiz, que estuvo mantenida en estado óptimo durante casi 50 años mientras tuvo peaje. En 2020, el Gobierno decidió no renovar la concesión y desde entonces, según el artículo, el firme está deteriorado y la siniestralidad ha aumentado. El autor relaciona esa decisión con la compra de votos, una acusación política que no se puede verificar con los datos disponibles. Lo que sí es un hecho es que la concesión no se renovó y que la vía pasó a ser gestionada por el Estado.

El artículo cifra en cerca de 10.000 millones de euros el gasto en subvencionar el transporte público desde 2018, incluyendo billetes gratuitos o rebajados en Renfe. El autor afirma que esa cantidad equivale a 25 años de mantenimiento de la red de AVE en toda España. Esa equivalencia es un cálculo del propio autor, no un dato oficial. La comparación sirve a su argumento: si ese dinero se hubiera destinado a mantenimiento, sostiene, se habrían evitado víctimas. Es una hipótesis contrafactual que no se puede demostrar.

Vivienda: oferta, demanda y el 52% de inquilinos migrantes

El artículo aborda el problema de la vivienda desde una perspectiva de oferta y demanda. Por el lado de la demanda, el autor sostiene que la llegada de 4 o 5 millones de inmigrantes en los últimos años, atraídos por facilidades para la nacionalidad y la residencia, ha aumentado la presión sobre un parque de viviendas que no creció al mismo ritmo. Esa cifra de migrantes es una estimación del autor; no se cita una fuente estadística concreta en el texto. Lo que sí aporta es un dato: el 52% de los inquilinos en España son inmigrantes, según el artículo. Esa cifra, si se confirma, explicaría en parte la presión sobre el mercado de alquiler, especialmente en ciudades como Madrid, que el autor señala como la que más inmigración ha recibido y la que mayor aumento de precios ha experimentado.

Por el lado de la oferta, el artículo argumenta que las políticas de protección al ocupante y de control de precios del alquiler reducen el incentivo de los propietarios a poner sus viviendas en el mercado. El autor menciona la figura del «okupa» y critica lo que considera una demonización del propietario. Es una posición política, no un dato. Lo que sí es verificable es que en España existen normas sobre desahucios y sobre límites a la actualización de rentas que han cambiado en los últimos años, y que los economistas debaten su efecto sobre la oferta de alquiler. El artículo lleva la comparación al extremo de citar la Alemania nazi, que en 1936 prohibió los desahucios y congeló los alquileres, con un resultado que califica de deplorable. Esa referencia histórica es un recurso retórico del autor.

El texto también vincula el problema de la vivienda con el empobrecimiento general de la población. Afirma que el PSOE de Sánchez ha subido impuestos, de media, una vez cada tres semanas desde 2018, y que la deuda pública ha alcanzado el 100% del PIB. La primera afirmación es una forma de contar los cambios normativos en materia fiscal; la segunda es un dato que se puede contrastar con las estadísticas de deuda pública. El autor añade que los salarios están estancados desde 2018 en términos constantes según el IPC, pero que en realidad han perdido poder adquisitivo porque la inflación real ha sido superior a la publicada. Esa última parte es una opinión del autor que no se acompaña de una fuente alternativa de medición de precios.

Deuda, presión fiscal y el debate sobre el Estado

El artículo cierra su argumentación económica con una lista de agravios: subida de impuestos, deuda pública al 100% del PIB, vulneración de la Constitución, desmembramiento del Estado para pagar el voto de los separatistas, parasitación de instituciones con «comisarios políticos» y «amiguetes sectarios», quiebra del Estado de Derecho e intento de «pucherazo bananero» con la «falsa ley de nietos». La mayoría de estas afirmaciones son opiniones políticas o acusaciones graves que el autor no respalda con datos en el texto. La única cifra concreta de ese párrafo es la deuda pública al 100% del PIB, que es un dato verificable y que, en efecto, se ha situado en torno a ese nivel en los últimos años.

El autor también menciona que Sánchez es «el candidato socialista menos votado de la democracia». Esa afirmación requiere contexto: se refiere al número absoluto de votos obtenidos por el PSOE en las elecciones generales de 2019 y 2023 en comparación con elecciones anteriores. Es un dato que se puede consultar en los resultados oficiales del Ministerio del Interior. El artículo lo utiliza para argumentar que su apoyo electoral es débil, aunque gobierne.

La sección final del texto original se titula «El candidato de Marruecos» y acusa a Sánchez de entregarse a los intereses del país vecino, citando el asalto a Ceuta de 2021. El autor afirma que la agresión se produjo por tierra y por mar, con buques de guerra marroquíes, y que el Gobierno español ocultó esa parte. Esa afirmación es una interpretación de los hechos que no está respaldada por informes oficiales citados en el texto. Lo que sí ocurrió es que en mayo de 2021 miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta tras relajarse los controles por parte de Marruecos, en un contexto de crisis diplomática entre ambos países. La relación entre ese episodio y la política económica que analiza el artículo es tangencial.

Qué se puede concluir y qué no

El artículo de Fernando del Pino Calvo-Sotelo no es un análisis económico convencional. Es un texto de opinión que utiliza datos económicos para construir un argumento político. Eso no invalida los datos, pero obliga a distinguir entre lo que se puede verificar y lo que es interpretación. El puesto 36 de España en el ranking de PIB per cápita PPP del Banco Mundial es un hecho. La diferencia con Singapur, también. El 25% de inversión en mantenimiento frente al 50% europeo es un dato que procede de un informe de la UE. El 52% de inquilinos migrantes es una cifra que el autor cita sin fuente explícita en el cuerpo del texto. La deuda pública al 100% del PIB es un dato contrastable.

Lo que no se puede verificar con el texto es la relación causal entre los accidentes ferroviarios y la falta de mantenimiento, ni la equivalencia entre los 10.000 millones de subvenciones al transporte y los 25 años de mantenimiento del AVE, ni la afirmación de que la inmigración irregular se ha atraído por motivos electoralistas. Son tesis del autor que pueden debatirse, pero que no se sostienen solo con los datos que aporta.

La pregunta que plantea el título —«¿un país del Tercer Mundo?»— es retórica. España no es un país del Tercer Mundo en ningún indicador estándar: tiene una esperanza de vida entre las más altas del mundo, una sanidad pública universal, una red de infraestructuras extensa y un PIB per cápita que, aunque haya caído en el ranking, sigue estando entre los cuarenta primeros del mundo. Otra cosa es que su posición relativa esté estancada o en declive frente a otras economías desarrolladas, y que ese declive se manifieste en partidas concretas como el mantenimiento de infraestructuras o el acceso a la vivienda. Eso es lo que el artículo pone sobre la mesa, con más vehemencia que precisión en algunos puntos.

El autor cierra su texto con una cita de Solón sobre los atenienses que entregaron el poder a Pisístrato: «Os prendáis de la lengua y las palabras de un hombre, más no miráis, atentos, su conducta». Es una cita clásica que utiliza para criticar a los votantes que, según él, siguen apoyando a Sánchez pese a los datos. Es una opinión, no un análisis. El lector que quiera formarse un juicio propio sobre si España es un país del Tercer Mundo o no tendrá que mirar los datos uno por uno y decidir qué peso les da. Este artículo ha puesto sobre la mesa los que el texto original menciona. La conclusión, como casi siempre en economía, depende de qué se mida y con qué se compare.