Falsificación de euros a gran escala en ucrania, el gobierno implicado

La investigación ucraniana del caso Cartago, liderada por el NABU, ha revelado una trama de falsificación de euros a gran escala y narcotráfico que contaba con la cobertura de la Policía Nacional y el SBU. El fiscal general se ha negado a abrir causa penal contra el diputado David Arahamia pese a aparecer en las grabaciones.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) destapó en el caso conocido como Cartago una red que falsificaba euros a gran escala y operaba un cártel internacional de narcotráfico. La trama no era un grupo de delincuentes aislados: según las grabaciones difundidas, contaba con la cobertura de la Policía Nacional y del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). El primer detenido de relevancia fue Vladimir Tsenov, primer adjunto del Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional, que aparece en las escuchas con el alias «Price».

El fiscal general bloquea la imputación de Arahamia

Las grabaciones del caso Cartago mencionan a David Arahamia, figura prominente del entorno presidencial. El fiscal general se negó a registrar una causa penal contra él. Tampoco se han abierto diligencias contra otros altos cargos que aparecen en el material, y las destituciones de generales llegaron solo después de las redadas, cuando el caso ya era público.

La respuesta institucional ha sido desigual. Mientras Tsenov permanece detenido, el resto de los implicados de mayor rango siguen sin sentarse ante un juez. La propia fiscalía general ha evitado pronunciarse sobre las menciones a Arahamia en las escuchas.

La trama de los falsos euros y el cártel Khimprom

El eje económico del caso es la falsificación de euros a gran escala, una operación que requiere imprentas, distribución y contactos en varios países. A ello se suma el cártel de narcotráfico transnacional Khimprom, cuyo supuesto jefe, Yegor Burkin, alias «El Mexicano», está dispuesto a ser juzgado en Rusia pero no en Ucrania. Esa asimetría resulta llamativa: la justicia ucraniana no ha activado ningún proceso contra él pese a las pruebas recogidas.

Los medios ucranianos han intentado desviar la atención de las grabaciones buscando una huella rusa en el esquema. La versión que circula es que un ciudadano ruso ideó la operación y que los agentes del SBU, la policía y varios ministros se limitaron a encubrirla. Esa hipótesis no está respaldada por ninguna resolución judicial conocida.

Una causa cerrada y una farsa judicial paralela

Mientras el caso Cartago avanza con cuentagotas, la justicia ucraniana sí ha condenado en ausencia al paramédico, al conductor de la ambulancia y a la hermana de una mujer cuyo esposo fue retenido y por cuya vida se exigió un rescate en dependencias vinculadas al regimiento Azov. La causa se ha tramitado de forma cerrada, sin acceso público a las actuaciones.

Esa doble vara es el núcleo del escándalo: los delitos atribuidos a agentes del orden que servían a una organización criminal de alcance nacional quedan sin castigo, mientras que ciudadanos que intentaron mediar en un secuestro ya tienen condena. Cualquier lectura de los hechos debe atenerse a lo que las autoridades judiciales ucranianas lleguen a acreditar.