NOTICIA: Falsa esa época en el 2020 de la que yo le hablo de conductores "drojados" asintomáticos, forzados sus derechos de presunción de inocencia y privacidad, robando su adn con un pcr

Saliva, PCR y presunción de inocencia: la tormenta perfecta contra el conductor​

¿Se ha convertido el control de drogas al volante en una nueva forma de inquisición sanitaria? Lo que empezó como una medida de seguridad vial ha derivado en un debate que cruza derechos fundamentales, falsos positivos y recaudación. Los drogotest de saliva, presentados como el gran avance contra la siniestralidad, están generando una ola de críticas que recuerda a los peores momentos de la pandemia: test rápidos sin confirmación, muestras derivadas a laboratorios sin consentimiento informado y la amenaza de que un simple antiinflamatorio como el Espidifen pueda arruinar tu historial.

La controversia no es menor. Por un lado, la DGT defiende que las pruebas de saliva son fiables y que los positivos se confirman con análisis de laboratorio. Sin embargo, la experiencia con los test de antígenos y PCR durante la COVID ha sembrado la desconfianza: ¿cuántos de esos positivos iniciales son realmente consumo o simples interferencias? En Australia, la policía del ACT ya aplica un protocolo de doble confirmación: un positivo en saliva exige una segunda prueba, y solo si el laboratorio lo ratifica se inicia el proceso penal. En España, ese paso no siempre está claro.

El fantasma del falso positivo​

El catálogo de sustancias que pueden dar un falso positivo es amplio: desde ibuprofenos como el Espidifen hasta medicamentos para la presión o ansiolíticos. El problema es que los test rápidos detectan metabolitos, no intoxicación. Un conductor puede dar positivo sin haber consumido nada ilícito, simplemente por un tratamiento médico. Y ahí empieza el calvario: multa, retirada de puntos, posible delito. La presunción de inocencia queda en papel mojado cuando el test inicial ya se considera prueba de cargo.

DNA sin orden judicial: el elefante en la sala​

Otro frente es el manejo de las muestras. Los críticos señalan que, al enviar la saliva a un laboratorio, se está cediendo material genético sin control. El protocolo actual no garantiza que esa muestra no se use para otros fines, como perfiles genéticos o estudios poblacionales. La analogía con las pruebas PCR de la pandemia es inevitable: entonces se habló de «robo de ADN», y ahora vuelve a sonar con los drogotest. La falta de transparencia sobre qué laboratorios procesan las muestras y cómo las custodian alimenta la desconfianza.

Recaudación vs. prevención​

El trasfondo económico tampoco pasa desapercibido. Las multas por drogas al volante son elevadas, y la siniestralidad de los controles selectivos (donde no hay infracción previa) abre la puerta a la recaudación por sí misma. La DGT insiste en que el objetivo es salvar vidas, pero el aumento de conductores que denuncian haber sido parados sin motivo aparente sugiere que el radar de drogas funciona como un señuelo fiscal más. La pregunta que muchos se hacen es si realmente detectan a los peligrosos o simplemente engordan las arcas.

El debate está servido, y mientras no haya una regulación clara sobre la cadena de custodia, la doble prueba obligatoria y la exclusión de medicamentos comunes, cualquier conductor es un potencial chivo expiatorio. La ironía final: los mismos que nos vacunaron para protegernos del virus ahora nos pinchan para ver si hemos fumado un porro. Bienvenidos a la nueva normalidad.