Escalofriante confesión del juez que denunció a Margarita Robles: «Me encarcelan para cancelar»
Los titulares siempre son muy explosivos, realmente lo que dice Presencia es, "me encarcelan para cancelar civilmente"
" El decano de los juzgados de Talavera, Fernando Presencia, tiene que cumplir prisión por no abonar 3.600 euros
.
Tengo muy claro que esto que me está pasando es una represalia para neutralizar a ACODAP [Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, que fundó y preside]. Quieren que entre en prisión para cancelar civilmente. Lo ve hasta un ciego», afirma Fernando Presencia, magistrado y juez decano de Talavera.
Presencia hace estas declaraciones en el final de su particular cuenta atrás porque los tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha –Eduardo Salinas, Jesús Martínez-Escribano y Carmen Piqueras–, quienes conformaron el tribunal que lo condenó el 23 de mayo de 2016 por un delito de prevaricación, han ordenado que entre en prisión el 9 de octubre próximo para pasar los próximos seis meses tras las rejas.
La sentencia que dictaron llevaba aparejada, además de la pérdida de su condición de magistrado, “la pena de doce meses de multa con una cuota de 10 euros por día, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas”, 3.600 euros.
El problema es que Presencia no tiene ingresos y la única propiedad a embargar es un vehículo que no es del todo suyo sino que es propiedad de la sociedad de gananciales que tenía con su anterior esposa.
Dada su situación económica –»peor que la que tenía en 2016″, asegura–, el exmagistrado planteó al tribunal una modificación del importe de las cuotas y los plazos para su pago.
«Mi situación es de completa insolvencia. No ingreso nada. Los funcionarios, cuando dejamos de serlo, no tenemos derecho al paro porque no pagamos por esa contingencia», explica.
Un mes más tarde de hacer ese planteamiento al tribunal, losmagistrados dictaron un auto rechazando su petición. «Ante la falta de pago de la multa se está en el caso previsto en la sentencia ejecutada que, para el incumplimiento de la pena de doce meses de multa por el condenado, le impuso un día de privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas. En consecuencia, hay que ordenar el ingreso en prisión del condenado para liquidar dicha pena», dice el auto de 24 de septiembre.
A esto se añade un procedimiento vivo, en los Juzgados de Talavera, por el que se pretende el desahucio del piso en el que habita con su segunda esposa y sus cuatro descendientes, de 5, 4, 2 y 1 año.
Presencia asegura que sigue siendo juez porque «el Reglamento de la carrera judicial dice que el cese debe publicarse en el BOE explicando la resolución. No se acordó mi cese en ninguna de las dos sentencias. No se ha publicado dicho cese, por lo tanto, a todos los efectos sigo siendo magistrado en los Juzgados de Talavera de la Reina».
A su juicio, todo este procedimiento es altamente irregular. «Me querellé contra los miembros de este tribunal que me quiere mandar a la cárcel porque formaron parte de los tribunales que me condenaron la primera y la segunda vez», relata.
«Y ahora pretenden meterme en la cárcel, lo repito: para cancelar civilmente y para callar a ACODAP. Esa es la realidad y no hay otra», concluye.
Los titulares siempre son muy explosivos, realmente lo que dice Presencia es, "me encarcelan para cancelar civilmente"
" El decano de los juzgados de Talavera, Fernando Presencia, tiene que cumplir prisión por no abonar 3.600 euros
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Tengo muy claro que esto que me está pasando es una represalia para neutralizar a ACODAP [Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, que fundó y preside]. Quieren que entre en prisión para cancelar civilmente. Lo ve hasta un ciego», afirma Fernando Presencia, magistrado y juez decano de Talavera.
Presencia hace estas declaraciones en el final de su particular cuenta atrás porque los tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha –Eduardo Salinas, Jesús Martínez-Escribano y Carmen Piqueras–, quienes conformaron el tribunal que lo condenó el 23 de mayo de 2016 por un delito de prevaricación, han ordenado que entre en prisión el 9 de octubre próximo para pasar los próximos seis meses tras las rejas.
La sentencia que dictaron llevaba aparejada, además de la pérdida de su condición de magistrado, “la pena de doce meses de multa con una cuota de 10 euros por día, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas”, 3.600 euros.
El problema es que Presencia no tiene ingresos y la única propiedad a embargar es un vehículo que no es del todo suyo sino que es propiedad de la sociedad de gananciales que tenía con su anterior esposa.
Dada su situación económica –»peor que la que tenía en 2016″, asegura–, el exmagistrado planteó al tribunal una modificación del importe de las cuotas y los plazos para su pago.
«Mi situación es de completa insolvencia. No ingreso nada. Los funcionarios, cuando dejamos de serlo, no tenemos derecho al paro porque no pagamos por esa contingencia», explica.
Un mes más tarde de hacer ese planteamiento al tribunal, losmagistrados dictaron un auto rechazando su petición. «Ante la falta de pago de la multa se está en el caso previsto en la sentencia ejecutada que, para el incumplimiento de la pena de doce meses de multa por el condenado, le impuso un día de privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas. En consecuencia, hay que ordenar el ingreso en prisión del condenado para liquidar dicha pena», dice el auto de 24 de septiembre.
A esto se añade un procedimiento vivo, en los Juzgados de Talavera, por el que se pretende el desahucio del piso en el que habita con su segunda esposa y sus cuatro descendientes, de 5, 4, 2 y 1 año.
Presencia asegura que sigue siendo juez porque «el Reglamento de la carrera judicial dice que el cese debe publicarse en el BOE explicando la resolución. No se acordó mi cese en ninguna de las dos sentencias. No se ha publicado dicho cese, por lo tanto, a todos los efectos sigo siendo magistrado en los Juzgados de Talavera de la Reina».
A su juicio, todo este procedimiento es altamente irregular. «Me querellé contra los miembros de este tribunal que me quiere mandar a la cárcel porque formaron parte de los tribunales que me condenaron la primera y la segunda vez», relata.
«Y ahora pretenden meterme en la cárcel, lo repito: para cancelar civilmente y para callar a ACODAP. Esa es la realidad y no hay otra», concluye.