Estupor en la sanidad penitenciaria de Marlaska: 3.000 presos con trastornos graves y ningún psiquiatra contratado

La sanidad penitenciaria española se encuentra en una situación crítica, con una notable escasez de psiquiatras y médicos, lo que afecta gravemente a la atención de miles de internos con trastornos mentales. La ley que preveía su integración en el Sistema Nacional de Salud, aprobada hace más de 20 años, sigue sin cumplirse.

La ley olvidada de la sanidad en las cárceles

Hace ya más de dos décadas, en el año 2003, se aprobó una ley, la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establecía algo que hoy parece casi un sueño: que la atención sanitaria dentro de las prisiones españolas se integrara en los servicios autonómicos de salud. La idea era sencilla: que un preso tuviera, en teoría, una atención médica similar a la de cualquier ciudadano. El plazo que se dio para esa integración eran apenas 18 meses. Han pasado 23 años y la cosa sigue sin estar hecha. La administración, al parecer, no ha cumplido con lo que la propia ley dictaba. Y mientras tanto, los profesionales sanitarios que trabajan en las cárceles llevan años avisando de que la situación va a peor.

La falta de facultativos es un problema gordo. Y no solo en psiquiatría. Hablamos de médicos de atención primaria, de especialistas que puedan hacer un seguimiento continuo. En algunos centros, la cosa está tan mal que directamente no hay médico y se tapan los agujeros con telemedicina. Es decir, se llama a un colega por videoconferencia para resolver una urgencia. La atención sanitaria en las cárceles, según quienes la conocen de cerca, se sostiene a base de "parches". Cada prisión es un mundo, y las soluciones varían desde convenios puntuales con hospitales cercanos hasta la contratación de profesionales privados que van de vez en cuando.

El déficit de psiquiatras, un problema de salud mental

El agujero es especialmente sangrante cuando hablamos de salud mental. Se estima que entre el 4% y el 5% de los internos en las cárceles españolas, lo que podría suponer entre 2.500 y 3.000 personas, sufren trastornos mentales graves. La mayoría de ellos se encuentran en prisiones ordinarias, sin un psiquiatra de plantilla esperándoles. Las plazas estructurales de psiquiatras se concentran principalmente en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios que hay en España, uno en Alicante y otro en Sevilla. Allí sí que hay profesionales, pero para el resto de las cárceles, la presencia de un especialista en salud mental no está garantizada.

Hay alguna experiencia puntual, como en Madrid, donde se intenta cubrir de alguna manera, pero no es la norma. Las únicas comunidades donde la cosa funciona algo mejor son Cataluña y el País Vasco, porque allí la sanidad penitenciaria ya está transferida a sus respectivos servicios de salud. En el resto, la falta de médicos y, sobre todo, de psiquiatras, es la tónica habitual. ¿Quién va a querer trabajar en una cárcel? Las condiciones no son las mejores, el sueldo suele ser inferior, no hay una carrera profesional clara y, además, cada vez hay menos compañeros para repartir el trabajo. Las convocatorias de empleo para cubrir estas plazas son un reflejo de la dificultad: salen 80 plazas y se presentan solo siete personas.

Un sistema que se desmorona por falta de personal

La situación actual, con miles de presos sufriendo trastornos mentales graves y sin acceso a la atención especializada que necesitan, pone de manifiesto un problema estructural que viene de lejos. La ley de 2003 contemplaba la integración en el Sistema Nacional de Salud, pero esa integración no se ha completado. La consecuencia es que el sistema penitenciario se ve obligado a improvisar, a "parchear" constantemente. Esto no solo afecta a las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, que se ven desbordados, sino que pone en riesgo el derecho básico de cualquier persona privada de libertad a recibir una atención sanitaria adecuada.

La falta de personal facultativo en las prisiones es un problema que se agrava con el tiempo. Las dificultades para cubrir plazas, las peores condiciones profesionales y la pérdida progresiva de médicos han creado un caldo de cultivo para la crisis actual. La integración sanitaria en las prisiones, tal como se planteó hace más de dos décadas, no es solo una cuestión de eficiencia, sino de garantizar un derecho fundamental. Mientras tanto, la sanidad penitenciaria española sigue funcionando con un modelo precario que amenaza con dejar las cárceles cada vez más desprovistas de servicios médicos esenciales.