Estoy harto de escuchar que "ejjke la guerra contra las drojas no se puede ganar"

La guerra contra las drogas no se pierde: no se libra​

El debate arranca con una tesis incómoda: la guerra contra las drogas no se puede ganar porque quienes deberían librarla están dentro del negocio. En el punto de partida se sostiene que buena parte de la clase política, empresarios de alto nivel, policías y jueces mantienen vínculos con el narcotráfico, y que el dinero de la droga financia campañas y blanquea patrimonios. La conclusión que se extrae es que la política de interdicción funciona como coreografía: mucho operativo, mucho titular, y el negocio intacto.

Sobre esa base se propone un plan que suena a operación militar: que los servicios de inteligencia pasen dos o tres años fichando a narcos, camellos de barrio y a los empresarios y cargos públicos relacionados con ellos; después, una redada simultánea a escala nacional; y a partir de ahí, control estricto de fronteras y penas severas. El problema, responden otras voces, no es de medios ni de tiempo: es de incentivos.

Quién gana y quién pierde con la prohibición​

La línea más repetida en el debate es la que sostiene que la guerra contra las drogas la ganan siempre las drogas. No es una frase de barra de bar: es una lectura económica. Si el producto es ilegal, el margen se dispara, el mercado se reparte entre organizaciones dispuestas a usar la violencia y el consumidor no tiene forma de verificar pureza ni dosificación. La prohibición no elimina la demanda; la reordena alrededor de quien está dispuesto a saltarse la ley.

De ahí sale el argumento de la legalización regulada: producir con control sanitario, como se hace con alimentos y medicamentos, aflorar la economía, cobrar impuestos y desactivar el incentivo delictivo. El precio, se argumenta, dejaría de sostener mafias con poder territorial. La contra objeción es doble: primero, que el Estado no debe decirle a nadie cómo vivir; segundo, que renunciar a la prohibición no elimina el daño sobre la población, y que la sociedad civil no tiene capacidad de contenerlo por sí sola.

El precedente del alcohol envenenado​

Uno de los intercambios más ácidos del debate usa la prohibición del alcohol como caso de laboratorio. Se recuerda que durante los años de veto murieron miles de personas por destilados adulterados, y que la adulteración no era un accidente: era consecuencia directa de la ilegalidad, que expulsaba la producción del circuito con control sanitario. La conclusión que se extrae es que la norma no protegía al consumidor; lo exponía a un veneno sin etiqueta.

Frente a esa lectura se sitúa la evidencia de que los indicadores de daño asociado al alcohol —cirrosis, trastornos del espectro alcohólico fetal, absentismo, violencia doméstica— mejoraron durante el periodo de restricción. El choque entre ambas series es el corazón del asunto: ¿se mide el daño del producto o el daño del mercado negro que lo sustituye? Ninguna de las dos partes cierra la ecuación, y ahí sigue.

El Estado como competidor, no como enemigo del delito​

Hay una corriente que lleva el argumento un paso más allá y sostiene que el problema no es la ineficacia, sino el diseño. Se enumeran prohibiciones históricas —la autodestilación, los duelos, los curanderos, las loterías privadas— sustituidas después por monopolios públicos equivalentes: impuesto a los alcoholes, seguridad social, lotería estatal. La tesis es que el poder no persigue la actividad, persigue la competencia.

En esa clave se lee también la política de fronteras: se argumenta que el control se aplica con rigor contra quien cultiva o sintetiza por su cuenta, mientras ciertos circuitos permanecen tolerados. La pregunta que queda flotando es por qué el catálogo de sustancias disponibles en la calle es tan estrecho y tan estable, y quién decide ese catálogo.

Fentanilo, médicos y el origen de una epidemia​

El tramo final del intercambio introduce un matiz que suele faltar en la conversación: no todo el daño viene del narco clásico. Se señala que la crisis de opiáceos que ha golpeado a Estados Unidos se originó en recetas médicas, no en un laboratorio clandestino. Es decir, el circuito legal también produce adicción a escala masiva cuando los incentivos comerciales y clínicos se desalinean.

Eso desarma parcialmente el argumento de que basta con sacar la producción del mercado negro. Si el sistema sanitario puede generar una epidemia, el problema no es solo la ilegalidad: es la ausencia de controles efectivos en cualquier régimen, legal o no. La discusión, en ese punto, deja de ser prohibición sí o no y pasa a ser quién vigila al que vigila.

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La pregunta que queda abierta no es si la guerra contra las drogas se puede ganar. Es si alguna vez se ha intentado en serio, o si lo que llamamos guerra es la forma más rentable de administrar el negocio.