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Fondos internacionales presionan para declarar el "impago técnico" de España por la deuda de las renovables y exigen hasta 1.000 millones en bonos
La firma estadounidense Blasket toma la iniciativa y advierte a Ribera y Cuerpo sobre un bono de deuda de 237 millones
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El ministro de Economía, Carlos Cuerpo.Javier Barbancho
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Cristina AlonsoMadrid
Madrid
Actualizado Miércoles, 7 agosto 2024 - 00:02
La guerra abierta entre el Reino de España y varios fondos internacionales por los recortes a las renovables de la pasada década escala de nivel en una nueva batalla que amenaza con manchar la fruta financiera y causar un grave daño económico a nuestro país. Acreedores afectados por el impago de las indemnizaciones han enviado al Gobierno una carta en la que advierten de la puesta en marcha de
un procedimiento de default técnico como medida de presión para exigir el
abono anticipado de hasta 1.000 millones de euros en bonos del Tesoro a modo de compensación.
Se trata, en concreto, de una notificación prejudicial remitida a los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y Transición Ecológica, Teresa Ribera. Una suerte de
aviso entre caballeros de uso común en la praxis judicial británica que viene a advertir al Gobierno español de la activación de un proceso de acusación de impago ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales este mismo verano. En concreto, según figura en la documentación consultada por EL MUNDO, es la firma estadounidense
Blasket Renewable Investments la que ha tomado la iniciativa en relación con un bono de deuda valorado en 237 millones de euros, pero hay otros tres títulos de deuda cuyo valor combinado ronda los 750 millones que estarían en la misma situación, por lo que
España podría verse obligada al pago anticipado de hasta 1.000 millones.
Los acreedores defienden que el
incumplimiento reiterado de los laudos que condenan a España a pagar más de 1.560 millones por la retirada retroactiva de las primas renovables da pie a la activación de la denominada "cláusula de incumplimiento cruzado", que dejaría a España en situación técnica de
default y permitiría reclamar la redención inmediata de los pagos pendientes a los tenedores del bono. Empezando por los 237 millones que exige Blasket por un título que vence en 2029. Se trata del mismo fondo que
ya advirtió por carta al Gobierno en abril de 2023 y que ahora activa el procedimiento con este primer bono de deuda tras
"reiterados incumplimientos" del Estado español, según denuncian.
El Gobierno, no obstante, resta importancia a la notificación prejudicial. "No hay correlación entre el resultado de los laudos y la pretendida ejecución por parte de Blasket sobre la deuda pública", aseguran fuentes del Ministerio de Economía que insisten en que
"en ningún caso puede entenderse que los laudos arbitrales constituyan un evento de default, como Blasket viene argumentando desde hace un año con el envío de cartas miméticas". "La estrategia de buscar la declaración de
default por parte de Blasket no es nueva y no ha tenido ningún impacto", zanjan desde el departamento de Cuerpo.
Por su parte, en Transición Ecológica coinciden en que "los laudos y su pretendida ejecución sobre la deuda pública no tienen nada que ver" y avanzan que "el Reino de España se defenderá con las medidas oportunas, como hasta ahora, con notable éxito". Recuerdan, además, que fue el Gobierno de
Pedro Sánchez el que aprobó una serie de medidas compensatorias en 2019 para paliar los efectos de políticas como el
"impuesto al sol" del PP, garantizando una rentabilidad a los inversores del 7,4% hasta finales de 2031. "Muchos se acogieron y quienes no lo hicieron y optaron por seguir adelante con los laudos, están en su derecho, como también el Reino de España está en su derecho de agotar todas las vías de defensa", inciden.
Pese a que el Ejecutivo quita hierro a esta notificación prejudicial, lo cierto es que el hecho de que fondos extranjeros traten de marcar al Reino de España con una bandera roja por impago en los mercados internacionales es un asunto que preocupa, y no poco, en el área económica. Prueba de ello es que en julio de 2023, el Tesoro, con Carlos Cuerpo todavía como secretario general,
buscó asesoramiento legal de urgencia y acabó contratando al bufete Simmons & Simmons para defenderse de la primera petición del fondo estadounidense de invocar una cláusula de impago en varios bonos soberanos por el recorte a renovables.
Tampoco es ajeno el Gobierno a que que la justicia británica ya ha dado la razón a los acreedores a la hora de reclamar otras medidas de compensación por los impagos, como los embargos que penden sobre la indemnización por la catástrofe del
Prestige (más de 900 millones de euros), la sede del
Instituto Cervantes en Londres o, esta misma semana, el embargo que afecta al 26% del derecho de usufructo que
Aena posee sobre la operativa del aeropuerto de Luton, en la capital británica.
La guerra abierta entre el Reino de España y varios fondos internacionales por los recortes a las renovables de la pasada década escala de nivel en una nueva batalla que amenaza...
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España acumula impagos con acreedores internacionales y ahora se plantea el pago en bonos de deuda o la ejecución de embargos.