(mensaje citado en revisión)
Está claro que todo el mundo ve que hay que llevar a cabo reformas estructurales de calado y si no hay coalición derivará en una guerra.
Vienen tiempos difíciles. Los políticos, como han venido haciendo siempre, recurren a los nacionalismos y otros extremismos para abrir caminos, pero eso son medidas desesperadas por el riesgo que conlleva desatar esas tensiones.
Se van dando pequeñas señales de lo que pasa cuando no se paga a los acreedores, hoy he leído este artículo que viene a dejar claro cómo están las leyes españolas. Interpretación literal del artículo 135 de la Constitución, en estado puro.
El escrito podría empezar perfectamente como un chiste "Van un alemán, un español y un argentino...."
El Supremo permite embargar bienes de Argentina en España por el impago de sus bonos
Una reclamación de 184.000 euros de un particular abre la puerta a nuevas demandas
El
Tribunal Supremo ha dado la razón a un particular que reclamaba el
embargo de bienes de la República Argentina en España por el impago de deuda soberana. La sentencia permitirá al inversor recuperar 184.271 euros y abre la puerta a que inversores institucionales busquen resarcirse por la misma vía.
El fallo del Supremo fue dictado el pasado 3 de octubre. En él, se acepta el
recurso de casación interpuesto por un ciudadano alemán que quería recuperar todo el dinero invertido en bonos argentinos.
El particular había comprado deuda emitida por la República de Argentina en 1996 y 1997. El país entró en una crisis financiera y fiscal y,
en diciembre de 2001, decidió no devolver la totalidad de los préstamos a sus acreedores.
El ciudadano alemán, al comprobar que no iba a recuperar todo su capital y los intereses, emprendió acciones legales en Alemania en 2011. El tribunal regional de Fráncfort falló a favor del pequeño inversor y estableció que el país hispanoamericano tenía que devolverle todo el dinero.
Para liquidar la sentencia decidió acudir a la Justicia española. El Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid le dio la razón. Argentina consiguió que la Audiencia Provincial de Madrid revocase esa primera decisión pero, finalmente,
el Supremo ha fallado a favor del particular. Argentina le debe 139.803 euros del capital invertido en bonos, más 44.468 euros en concepto de intereses de demora y pago de costas procesales.
El
debate jurídico ha girado en España sobre la posibilidad de que la Justicia pudiera embargar directamente bienes del Estado argentino. Los activos ligados a una misión diplomática están cubiertos por el principio de inmunidad de ejecución de los Estados, al igual que las Embajadas son inviolables.
Sin embargo,
el Supremo recuerda en su sentencia que este principio tiene excepciones, como es el caso de aquellos bienes “utilizados específicamente para fines distintos de los fines oficiales no comerciales”.
De acuerdo con fuentes judiciales, en este caso se había identificado la posibilidad de
embargar los activos que tiene en España el Banco de la Nación Argentina, de titularidad pública. Esta entidad dispone de una sucursal de atención al público en el barrio de Salamanca de Madrid, una de las zonas más caras de la capital española.
Crisis y quitas
La sentencia del Supremo es un precedente para otros inversores, especialmente institucionales. Desde la quiebra del país en diciembre de 2001, cuando quedó en el aire la devolución de más de 150.000 millones de dólares, Argentina comenzó a negociar con sus acreedores para que aceptaran una quita. Es decir, que solo se les reintegrara una parte de lo invertido.
En 2003, el presidente Néstor Kirschner propuso una quita promedio del 75%. Finalmente fue de entre el 60% y el 50% en función del tipo de bono y el perfil del inversor. Los particulares perdían algo menos que los fondos profesionales.
La mayoría de los acreedores aceptó el acuerdo, tras varias rondas de negociaciones que se prolongaron hasta 2014, pero un grupo de inversores se negó e inició un juicio en Estados Unidos para recuperar todo el capital.
El juez Thomas Griesa falló a favor de los conocidos como fondos buitres y ordenó que Argentina devolviera los más de 1.330 millones de dólares reclamados.
El fallo del Supremo aún no es firme, puesto que Argentina ha solicitado una aclaración de sentencia. Una vez que se produzca, el particular podrá exigir el embargo inmediato de los bienes de Argentina que no estén ligados a su misión diplomática.