Esperando a Godot: 90 días desde que acabó el plazo que el propio Zapatero dio al juez para explicar el origen de su cofre del tesoro. Y contando.

Zapatero incumple su propio plazo de diez días para aclarar las joyas​

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero prometió al juez que en diez días aclararía el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte. Según las informaciones publicadas, ha pasado un mes sin dar una sola explicación. La cifra no es un detalle menor: marca la diferencia entre colaborar con la justicia y sentarse a esperar a que el calendario judicial se deshaga solo. Mientras tanto, el perímetro de la investigación se ensancha: el juez ha autorizado el acceso a más de 60 cuentas del expresidente y su entorno tras descubrir que seis empresas del círculo del exmandatario pagaron más de un millón de euros a la sociedad de sus hijas y que su secretaria pagó un piso al contado.

Qué se investiga y qué ha cambiado en un mes​

El caso arranca con el hallazgo de las joyas, pero el asunto ha mutado. Ya no se trata solo de un cofre con piedras preciosas sin justificar. La instrucción ha incorporado el rescate de la aerolínea Plus Ultra como eje central. Según las informaciones publicadas, el testaferro del expresidente habría enviado un escrito al juez en el que confiesa que Zapatero medió en el rescate de Plus Ultra y se llevó un 1% a través de una sociedad pantalla. La estructura accionarial de la compañía rescatada presentaba, según las mismas fuentes, irregularidades: el Gobierno habría inyectado dinero público en una empresa con el control accionarial falseado.

Hay quien sostiene que callar es la estrategia penal más racional. No le falta lógica: si no das explicaciones, la pena es X; si las das y aparecen más delitos, la pena es 3X. El silencio como cálculo de riesgo. Pero esa lógica tiene un límite: el expresidente prometió explicar el origen de las joyas en diez días. No es una acusación, es un compromiso público incumplido. Y el incumplimiento, en términos judiciales, no es neutro.

El argumento de la defensa: sin factura no hay delito​

La línea argumental que más ha circulado en medios afines sostiene que una imputación delictiva no puede basarse en el mero hallazgo de joyas en una caja fuerte. Es la tesis del catedrático Javier Pérez Royo, recogida por elDiario.es: el origen de un bien no es por sí mismo constitutivo de delito. El problema es que el juez no investiga solo las joyas. Investiga el flujo de dinero: seis empresas del entorno del expresidente pagaron más de un millón de euros a la sociedad de sus hijas. Su secretaria pagó un piso a tocateja. Hay quien sostiene que hay 4 millones de euros que no se pueden justificar.

La comparación que circula es simple: si te encuentran diez kilos de droga en el coche, el que tiene que dar explicaciones no es el juez. La carga de la prueba no funciona en la dirección que algunos sugieren.

Plus Ultra: el rescate que nadie quiere explicar​

El rescate de Plus Ultra es el otro gran frente. La aerolínea recibió dinero público en un momento en que su estructura accionarial presentaba irregularidades, según las informaciones publicadas. El testaferro del expresidente habría declarado al juez que Zapatero cobró por favorecer el rescate. La operación, según estas versiones, se habría canalizado a través de una sociedad pantalla, con un porcentaje del 1% como comisión.

El asunto conecta directamente con la política económica del Gobierno: qué criterios se aplicaron para rescatar una aerolínea con accionariado opaco mientras otras empresas esperaban. La pregunta no es menor. El rescate de Plus Ultra se decidió en un contexto de emergencia económica, pero la emergencia no explica la opacidad.

El calendario judicial y la estrategia del silencio​

Un mes. El plazo que Zapatero se dio a sí mismo era de diez días. La diferencia entre ambos números no es una anécdota: es la medida de una estrategia. Según las informaciones publicadas, el expresidente no ha dado explicaciones al juez sobre el origen de las joyas. Tampoco sobre el millón de euros que seis empresas de su entorno pagaron a la sociedad de sus hijas. Tampoco sobre el piso que su secretaria pagó al contado.

La defensa del silencio tiene un coste reputacional que no aparece en los códigos penales. Y un coste político que sí aparece en las encuestas. La pregunta que sobrevuela el caso no es si Zapatero acabará en la cárcel —pocos apuestan por ello—, sino cuánto más puede dilatarse una investigación que avanza por acumulación de indicios mientras el principal investigado guarda silencio.

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La predicción más razonable, con todas las reservas, es que el caso siga creciendo en volumen documental antes de que haya una resolución judicial. El juez tiene acceso a más de 60 cuentas. Las acusaciones tienen testaferros dispuestos a declarar. El expresidente tiene un plazo incumplido y una estrategia que, por ahora, consiste en no decir nada. Si esa estrategia funciona o no, es algo que solo el tiempo —y los tribunales— dirán.