España tiene la obligación y el deber moral de acoger a venezolanos tras la catástrofe, es cuestión de humanidad

El dilema de acoger a Venezuela: ¿deber moral o carga insostenible?​

La catástrofe humanitaria en Venezuela reabre el debate sobre la obligación de España de acoger a sus ciudadanos. Pero mientras el discurso oficial apela a la humanidad, los números dibujan otra realidad: la pobreza en Venezuela sigue siendo del 68,5% y la extrema del 31,7%, según la Encuesta ENCOVI 2025 presentada el pasado 7 de mayo por la Universidad Católica Andrés Bello. Con 26,4 millones de habitantes -cifra de 2024 según Wikipedia-, una hipotética acogida masiva pondría a prueba los límites del sistema español.

Las cifras que nadie quiere ver​

El dato de pobreza del 68,5% -que ya es un descenso respecto a años anteriores- convierte a la diáspora en una salida lógica. Pero el debate se envenena cuando se cuantifica: si España acogiera a un millón de venezolanos, el impacto sobre servicios públicos, vivienda y empleo sería inmediato. Quienes defienden la acogida sin límites chocan con quienes recuerdan que ya hay comunidades donde la llegada masiva ha generado tensiones visibles. En ciudades como A Coruña se señala el cambio del perfil migratorio: de argentinos con capacidad económica a colectivos que, según algunos testimonios, necesitan más apoyo público.

Ricos a salvo, pobres en la frontera​

Una ironía del destino: la élite venezolana lleva años instalada en Madrid y Marbella sin que nadie hable de acogida. La tragedia solo parece interpelar cuando quien llega no tiene recursos. La paradoja se repite en cada crisis humanitaria. Mientras tanto, el discurso de que “España ya tiene suficiente muestra de venezolanos” se combate con el argumento de que la obligación moral no entiende de cupos.

Entre la indiferencia y la alerta​

El hilo de debate refleja una sociedad dividida. Por un lado, quien exige que “el zanahorio de ellos” se ocupe de su pueblo. Por otro, quien recuerda que la historia compartida -el “ADN” que se menciona- impone una deuda. Pero la realidad es tozuda: los recursos son finitos. Sanidad, educación y prestaciones sociales ya acusan la presión de la inmigración previa. Añadir una avalancha sin planificación sería, cuando menos, temerario.

Y mientras tanto, el oro de Venezuela​

Hay quien sugiere, con acidez, que antes de pedir solidaridad se devuelva el oro venezolano depositado en bancos españoles. La broma no es tal: en la lista de reclamaciones históricas, el expolio de recursos también pesa. Pero el debate real está en si la catástrofe humanitaria justifica una política de fronteras abiertas o si, como apunta un sector de la población, cada país debe gestionar sus propias crisis.

El dilema queda abierto: cuando los pobres huyen, ¿quién paga la factura? La respuesta, para variar, no la tiene ni la política ni la moral.