España restaura el acceso universal a la sanidad pública y gratuita, incluidas las personas en situación irregular

Sanidad universal: el decreto que cierra el resquicio para inmigrantes sin papeles​

La restauración de la sanidad pública universal en España debía estar completa desde 2018, pero un vacío administrativo permitía que miles de inmigrantes indocumentados quedaran fuera. Ahora, el Gobierno aprueba un real decreto que elimina el requisito de empadronamiento, abriendo la puerta a que cualquier persona en situación irregular acceda a la tarjeta sanitaria. Los críticos lo ven como un coladero que colapsará aún más el sistema; los defensores lo consideran un acto de humanidad con un coste marginal.

El resquicio que nunca se cerró​

En 2012, el gobierno de Rajoy restringió la sanidad universal a inmigrantes en situación irregular. Sánchez la recuperó en 2018, pero la norma dejó un resquicio: exigía estar empadronado, lo que muchos no podían acreditar. El nuevo decreto elimina ese requisito, permitiendo que incluso turistas o recién llegados obtengan la tarjeta. Los más críticos señalan que esto genera un efecto llamada: si antes bastaba con empadronarse, ahora cualquier persona sin documentación puede obtener asistencia sin trámites. Un dato que circula en los análisis: la tarjeta sanitaria europea caduca a los dos años y fuera del sistema laboral no hay cobertura, pero en España se ofrece sin contrapartida.

Coste real y efecto llamada​

Los detractores argumentan que el sistema ya está colapsado, con listas de espera crecientes y recursos limitados. Señalan que mientras el presidente Sánchez dispone de un equipo de 29 efectivos sanitarios para su cuidado personal, los ciudadanos comunes sufren demoras. También apuntan al coste de los medicamentos gratuitos para estos nuevos beneficiarios. En el lado opuesto, se defiende que el perfil del inmigrante irregular es joven y apenas demanda servicios, y que el verdadero problema es la derivación de fondos públicos a la sanidad privada, como los contratos de la Comunidad de Madrid. El debate se encona cuando se compara con otros derechos: la atención dental sigue sin ser universal, y mientras tanto, el gasto en subvenciones ideológicas parece no tener límite.

Lo que dicen los números​

El hilo acumula datos concretos: el 50% del precio de la gasolina son impuestos; el equipo sanitario de Sánchez se ha duplicado hasta 29 personas; la tarjeta sanitaria europea exige cotización para renovarse. Pero falta un estudio de impacto real sobre cuántos nuevos beneficiarios se incorporarán y cuál será su coste. Por ahora, la medida es política, y las cuentas se harán después.

La pregunta que queda en el aire es si España puede sostener un modelo en el que la sanidad gratuita se extiende a cualquier persona que ponga un pie en el país, mientras los contribuyentes ven cómo sus prestaciones se reducen. El tiempo y las listas de espera darán la respuesta.

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