Inmobiliaria: España recauda 530.000 millones € año pero no puede construir vivienda social es el país UE con menos vivienda

De cada 100 euros que recauda el Estado, 80 ya están comprometidos​

España ingresa más de 500.000 millones de euros anuales en impuestos y, aun así, es el país de la Unión Europea con menos vivienda pública. El parque protegido se mueve entre el 1,5% y el 2,5% del total. Países Bajos ronda el 30%, Austria el 20% y Dinamarca juega en la misma liga. No falta caja: falta margen. La paradoja no es que el Estado no tenga dinero, sino que casi todo el que entra ya tiene dueño antes de que nadie abra la boca.

El reparto del dinero que entra​

El desglose es de brocha gorda, pero la dirección es correcta. Unos 200.000 millones se van a pensiones contributivas. El capítulo de personal —Estado, comunidades, ayuntamientos y empresas públicas— se come bastante más de 100.000 millones, Casa Real incluida. A la deuda se le dedican unos 50.000. Y los 150.000 restantes sostienen sanidad, educación, dependencia y el resto del Estado del bienestar. Dicho de otro modo: de cada 100 euros que entran, unos 80 están comprometidos antes de que nadie discuta una sola partida. Eso no se recorta un viernes por la tarde.

Quince años sin promociones de alquiler público​

En 2012 se desmanteló el Plan Estatal de VPO: la competencia se endosó a las autonomías y el banco de suelo público se dejó morir. Tres lustros después, el resultado está a la vista. El modelo que funciona en media Europa —Viena, sin ir más lejos, con alquileres públicos de 400 euros que nunca salen al mercado ni se pueden vender— aquí se descartó por el camino. Hay quien sostiene que construir no sirve porque la vivienda protegida acaba perdiendo la protección y vendiéndose al doble una década después. El argumento se aguanta solo si se acepta que el problema es el diseño, no la idea.

Un mercado que no se comporta como un mercado​

La compraventa se ha vuelto residual: quien tiene un piso no lo suelta salvo para meterlo en alquiler turístico o de temporada. La obra nueva que sale la absorben fondos e institucionales antes de que el particular la huela. En paralelo, la población crece más de 600.000 personas netas al año, concentradas sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Baleares. Ahí se cruzan dos lecturas: una pone el foco en la presión de demanda; otra recuerda que con la oferta pública congelada, cualquier empujón demográfico se traduce directamente en precio. Las dos pueden ser ciertas a la vez. Mientras, compartir piso por 400 o 500 euros ya se ha normalizado en las capitales, y sueldos de 1.200 o 1.300 euros no dan ni para emanciparse ni para una hipoteca.

Con estos mimbres, la pregunta ya no es si hay dinero. Es qué tendría que pasar para que alguien moviera una sola pieza del tablero.