La custodia compartida se impone en más de la mitad de los divorcios en 2025, pero el debate sobre quién cuida realmente a los hijos abre una brecha económica y de género
En 2025, por primera vez en la historia, la custodia compartida se acordó en más de la mitad de los casos de divorcio en España. El dato, publicado por El País en julio de 2026, marca un hito en la corresponsabilidad parental, pero el análisis de los perfiles y las dinámicas familiares revela una realidad más compleja.
La sentencia del Tribunal Supremo ha llevado a jueces y notarios a imponer este modelo incluso sin garantías de que ambos progenitores se impliquen por igual. María Durán Febrer, vocal de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, señala que en muchas custodias compartidas solicitadas por el padre, el cuidado recae en la abuela paterna o en la nueva pareja. La pregunta que surge es si la corresponsabilidad legal se traduce en corresponsabilidad real.
Detrás de las cifras hay un patrón económico. Quienes defienden la custodia compartida suelen tener ingresos medio-altos; la capacidad económica permite mantener dos hogares y gestionar la logística. En cambio, cuando los recursos son escasos, la atribución del domicilio familiar favorece a la madre, y el padre acaba fuera de casa. Se generan situaciones “esperpénticas” como el uso rotatorio de la vivienda, según algunos análisis.
La brecha de género se reconfigura: si antes la madre asumía la crianza y el padre pagaba, ahora se reparten tiempos, pero los cuidados - muchas veces feminizados- se trasladan a las abuelas. El avance hacia la igualdad formal choca con la persistencia de roles informales.
Con estos mimbres, la custodia compartida seguirá creciendo, pero el reparto efectivo de las cargas domésticas y el impacto en la vivienda familiar serán los próximos campos de batalla. Nadie ha encontrado aún la fórmula mágica.