ESPAÑA ingobernable; Feijoo pide elecciones, ERC Y JUNTS piden referendum de independencia a cambio de investir a Sánchez

Amnistía sí, referéndum no: la aritmética de la investidura​

La investidura saldrá adelante. El referéndum de independencia, no. Esa es la tesis que se impone desde que Feijóo reclamó elecciones y ERC y Junts colocaron la consulta como precio de su apoyo a Pedro Sánchez. La amnistía, en cambio, se da por hecha: hay quien sostiene que quedó pactada hace meses y que solo faltan flecos técnicos. Lo demás —la consulta, los plazos, las garantías— sería el paripé con el que cada parte salva la cara ante su electorado.

Qué pide cada parte para mover ficha​

El reparto de exigencias es simple. El PP pide repetir elecciones. ERC y Junts piden referéndum y amnistía a cambio de investir a Sánchez. El PSOE responde que no a la consulta y guarda silencio sobre la amnistía, que es justo lo que sus socios quieren oír. En medio queda un Gobierno en funciones al que nadie pone fecha de caducidad.

La sospecha de fondo no es ideológica, es de manual: el Ejecutivo concedería cualquier cosa antes que soltar el poder. Basta ver la ocurrencia más repetida estos días, la de que si un diputado necesitado exigiese un ministerio para su perro, el perro acabaría en el Consejo de Ministros. Exageración, sí, pero retrata bien la percepción de que la línea roja se mueve con el calendario.

¿Es legal un referéndum de independencia en España?​

No, si es vinculante. Y si no lo es, no sirve para nada. Ese es el callejón que describe el análisis más repetido: una consulta que obligue a algo no cabe en el marco constitucional vigente, mientras que una consulta meramente consultiva no obliga a nadie y acaba siendo peor que una encuesta, porque solo votan los convencidos y el resto ni se molesta.

Hay una segunda capa del argumento, más política. Convocar la consulta se leería como una cesión de soberanía: se estaría otorgando a una parte de la población la facultad de decidir sobre una parte del territorio, lo que en términos jurídicos y políticos se describe directamente como una ruptura de la nación. De ahí que ni ERC ni Junts hayan conseguido que el PSOE pronuncie la palabra.

Sí aparece, en cambio, una advertencia recurrente: si eso se considera una línea roja de verdad, entonces la consecuencia es volver a las urnas. Nadie parece creer del todo que esa amenaza se ejecute.

La amnistía, cerrada desde agosto​

La amnistía hace tiempo que dejó de ser una hipótesis. Según la versión que circula, el pacto quedó atado en agosto y solo quedaban «aspectos técnicos». La letra pequeña, eso sí, plantea el problema de siempre: cómo encaja un perdón general en una Constitución que lo prohíbe expresamente, según el argumento más citado.

El contraste con el pasado es incómodo para el Gobierno. En julio de 2021, la entonces portavoz económica socialista, María Jesús Montero, afirmó en un acto en Sevilla que «como este Gobierno defiende y respeta la Constitución, no va a haber ni referéndum ni amnistía». Aquel vídeo vuelve a circular cada vez que se menciona la palabra.

El razonamiento de fondo de quienes apoyan el pacto es que ERC y Junts ya vendieron a su electorado algo imposible y no tienen margen para volver con las manos vacías. Se les da la amnistía —lo pagable— y se les niega el referéndum, que es lo impagable. El problema es que eso deja abierta la pregunta de qué pedirán la próxima vez.

El cálculo electoral que frena la independencia​

Aquí está el motivo práctico por el que la consulta no llega. El PSOE tiene representación en todo el territorio nacional, y el PSC es una de sus principales bolsas de diputados: sin Cataluña, la aritmética se descompone. El PP, mientras tanto, apenas rasca votos en esa comunidad.

De ahí la predicción que más fuerza tiene entre los escépticos: si finalmente hay repetición electoral, el castigo caería sobre Sumar, no sobre el PSOE. La factura la pagaría el socio minoritario de la coalición, con un trasvase de votos que reforzaría al partido mayoritario y dejaría a Sánchez investido después de Navidades, con menos socios y más margen.

Otra cosa es el desgaste: cada cesión se digiere peor en las provincias donde el PSOE compite con el PP y con Vox. Es el coste invisible de sostener la legislatura por la vía catalana.

Quién paga la factura y con qué garantías​

El dinero es la otra mitad del trueque y nadie lo esconde. La tesis más fría es que los independentistas no buscan una república, buscan financiación: lo que quieren es dinero, y lo demás es relato. La amnistía sería el primer pago; el resto llegaría por la vía presupuestaria y competencial, con la gestión tributaria como moneda de cambio.

La desconfianza corre en las dos direcciones. Un sector avisa de que prometer hasta meter no garantiza nada, porque este Ejecutivo tiene por costumbre dejar las promesas a medias y remitir al «no me dio tiempo, a la próxima». Si eso ocurre, los partidos independentistas se quedarán en la posición que mejor dominan: la de víctimas del incumplimiento ajeno.

Y queda el factor que a todos inquieta: si la amnistía sale adelante, un expresident sin inhabilitación podría volver a la primera línea y presentarse candidato, con la legislatura convertida en un polvorín. Es la advertencia que, según esa lectura, podría pesar más que cualquier cláusula jurídica.

Con estos mimbres, el escenario más probable sigue siendo investidura con amnistía y sin consulta. Pero si algo ha enseñado esta legislatura es que las líneas rojas duran lo que dura una investidura. No apostaría demasiado a que la siguiente no se mueva.