1.800 millones frente a 60: la desproporción del gasto en inmigración irregular
Mientras la partida para atender a inmigrantes en situación irregular supera los 1.800 millones de euros anuales, el presupuesto para frenar las llegadas apenas alcanza los 60 millones. La diferencia no es un error estadístico: es una decisión política que alimenta el debate sobre el modelo de gestión migratoria.
El negocio de la acogida
De los 1.800 millones, más de 600 se destinan a menores no acompañados, gestionados por comunidades autónomas. El resto se reparte entre ONG, fundaciones y servicios de acogida. Críticos señalan que ese dinero acaba en chiringuitos y entidades vinculadas a redes progresistas, como las fundaciones de Gates o Soros, que participan en cumbres auspiciadas por el gobierno. La sensación de que la inmigración es un negocio para algunos actores se extiende entre los analistas.
La prevención, asignatura pendiente
Los 60 millones para impedir la llegada se complementan con otros 20 en ayuda exterior, que según fuentes incluyen equipamiento para policías marroquíes y patrulleras para Senegal. Una cifra irrisoria si se compara con el coste de la acogida. Propuestas como la construcción de un gran CIE en El Hierro y la repatriación sistemática chocarían con los intereses de las ONG que lucran con el actual sistema. El modelo australiano, que paga a terceros países para que intercepten cayucos, se menciona como alternativa viable, aunque ausente del debate político.
La pregunta que subyace es si el sistema prefiere mantener el statu quo de un gasto elevado en acogida que alimenta una red de ONG y servicios, o si existe realmente voluntad política para atajar el problema de raíz. De momento, los números hablan solos.
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