¿Es normal encontrarte este texto dentro de un Real decreto ley?. Yo ya no entiendo nada

Un Real decreto-ley con nombre y apellidos: el caso Mari Carmen​

El tuit lo enseñaba sin adornos. Un fragmento de texto de un Real decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado y, en medio del articulado, un nombre propio: Mari Carmen, según el tuit. No un cargo, no un ministerio, no un genérico «persona afectada». Un nombre. Quien lo difundió lo resumió con una sola palabra. Y la pregunta que queda flotando es sencilla: ¿es normal encontrarse esto dentro de un decreto?

La escena no es tan insólita como parece: existen leyes que nombran a personas concretas. Lo llamativo es qué legisla de verdad un texto de 96 páginas que menciona a una inquilina concreta entre otras medidas sobre vivienda.

¿Qué es una ley de caso único?​

Una norma que señala por su nombre a un sujeto es una ley de caso único, y no es ninguna novedad. El precedente más citado es la expropiación de Rumasa por la Ley 7/1983, que nombraba al holding por su nombre y fue avalada por el Tribunal Constitucional. Antes hubo indultos particulares, leyes de pensiones a viudas de tal o familiares de cual, y algún apaño singular más.

Jurídicamente es una ley singular, y choca de frente con el artículo 14 de la Constitución, el de la igualdad ante la ley. El Constitucional lo ha bendecido históricamente siempre que… y aquí la frase se corta, porque el asunto es exactamente ese: hasta dónde aguanta el aval.

La renta antigua que unos heredaron y otros enterraron​

El caso tiene una vuelta de tuerca que el relato oficial prefiere obviar. La renta antigua procede de la legislación franquista, la que permitió a esta mujer pagar durante décadas una cantidad ridícula por su vivienda. Fue una ley socialista la que acabó con ese privilegio. Según un cálculo que circula en el hilo, con la legislación actual el alquiler de ese piso rondaría los 2.000 euros al mes.

O sea: el privilegio viene de la dictadura; el fin del privilegio, de gobiernos democráticos. Y ahora un decreto singulariza el caso para darle salida. De ahí el desconcierto. Hay quien lo resume en una línea: la ley franquista la benefició, la socialista la habría desahuciado.

El resto del decreto: desahucios hasta 2030 y SOCIMIs​

El decreto incluye otras medidas. Entre ellas, la suspensión de los procedimientos de desahucio cuando la persona afectada carezca de alternativa habitacional y la vivienda sea de un fondo buitre. Se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2030, y según la lectura que circula del texto no se prevén compensaciones para el propietario.

También toca las SOCIMIs, las sociedades inmobiliarias cotizadas creadas en 2009, con Zapatero y Solbes, y que disfrutan de bonificaciones fiscales. Una parte sostiene que sin incentivos fiscales saldrían del mercado, porque la rentabilidad del alquiler en España es baja. Otra recuerda que su promesa original era abaratar el alquiler y que el resultado ha sido el contrario.

¿Es discriminatorio que el BOE nombre a una persona?​

Es, como mínimo, discutible: una ley singular tensiona la igualdad ante la ley. El hilo, con los precedentes citados, deja una sensación incómoda, la de que se legisla para el caso concreto y no para el supuesto general.

Y no es solo el nombre. El decreto mezcla un caso humano con nombre propio, una suspensión de desahucios a seis años vista y un régimen fiscal de sociedades cotizadas. Tres cosas distintas bajo el mismo paraguas. El envoltorio, además, no ayuda: hay quien describe la redacción como propia de un estudiante y quien sostiene que una parte del texto es directamente falsa.

Lo llamativo no está en las 96 páginas ni en las SOCIMIs. Está en el contraste entre dos cifras: los dos duros que esta mujer paga al mes y los 2.000 euros que, según ese cálculo, pediría el mercado por ese mismo piso. Un decreto-ley para resolverlo es, cuanto menos, peculiar.