¿Es normal en el R78 que una cajera haga leyes en España para soltar a forzadores?

La cajera que legisla para soltar violadores reabre la pregunta de quién puede legislar en España​

Que una cajera con escaño pueda impulsar leyes que afectan a la libertad de los presos suena a moneda de cambio de un régimen agotado. La polémica ha encontrado un altavoz entre análisis económicos españoles y no es un exabrupto aislado: es la punta de lanza de una crítica más profunda al modelo de reclutamiento político.

El llamado Régimen del 78 concentra el descontento. Se critica que cualquier persona, sin formación jurídica ni experiencia, ocupe posiciones desde las que se diseñan reformas penales. En paralelo, se recuerda aquella afirmación de un expresidente de que «cualquiera puede ser presidente» para subrayar la banalización del poder. Hay quien lo defiende como democracia en estado puro: cualquier ciudadano puede presentarse y ser votado. Pero entre los críticos predomina la percepción de que la falta de oficio convierte la legislación en un ensayo-error con consecuencias graves.

El malestar no se queda en lo penal. También aparece el rechazo a la agenda 2030 y a las cargas que soportan las pequeñas empresas, como si el mismo sistema que permite legislar a cualquiera ignorara las condiciones reales del tejido productivo. La ironía de Disneyland, donde los sueños se hacen realidad, sirve aquí de contraejemplo: más bien parecen cumplirse pesadillas.

La pregunta que queda flotando es incómoda: si gobernar es un oficio que exige preparación, ¿dónde se aprende? Y si la democracia permite que cualquier ciudadano legisle, ¿estamos dispuestos a asumir el coste de un error con nombres y apellidos? El régimen aún no ha dado una respuesta.