Algunos cargos de ERC cobran 8.000 euros al día por acoger Menas
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La crisis migratoria de Ceuta ha puesto al descubierto el problema de la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a España. Aunque Jovenlandia pidió la repatriación de todos estos menores, unos 1.500, el Gobierno español optó por el reparto de los menas en las comunidades autónomas. Una decisión polémica, dada la saturación de la acogida en muchas de estas comunidades.
La crisis de Ceuta ha acentuado un problema que sin embargo no es nuevo, y que plantea una gran controversia. Lo que las autoridades venden como una cuestión humanitaria se ha revelado como un negocio para algunos.
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Menores no acompañados: ¿cuestión humanitaria o negocio? | RTVE
Estos días, a raíz de lo ocurrido en Ceuta, han vuelto a resonar las polémicas declaraciones de la exconsejera melillense Cecilia González: afirmó que sería “dramático” que dejaran de existir menores extranjeros no acompañados porque “muchas familias viven de ello”. Esto alimenta las sospechas de que, efectivamente, hay un negocio alrededor de la acogida, y mientras los ciudadanos sufren las consecuencias en la seguridad y los servicios públicos, algunos políticos se benefician.
El tema fue acompañado de un gran secretismo por la negativa tanto del ayuntamiento como de ERC de dar explicaciones. Solo trascendió que la acogida respondía a un contrato de servicios por parte de la Consejería de Trabajo, entonces en manos de ERC. Es decir, que la Generalitat otorgó a la alcaldesa del mismo partido un contrato que aumentaba significativamente su sueldo público. Y que mientras los dirigentes de ERC defendían las bondades de la acogida y se lucraban con ello, los ciudadanos sufrían las consecuencias a veces terribles como el caso de la menor agredida sensual.
Todo esto entronca a su vez con los desmanes en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Este organismo funcionaba como vértice de todo un entramado que enriqueció a entidades afines con el negocio de la acogida. En este caso se cometieron irregularidades que solo se han descubierto tiempo después, como la creación de plazas fantasma en centros de acogida, la contratación irregular de servicios y un embeleco que asciende, según la Sindicatura de Cuentas, a 147 millones de euros.
El negocio de la acogida: Blanca, la alcaldesa de ERC que cobraba 8.000 euros al día por tener menas en su albergue
Este caso en Canet de Mar mostró cómo algunos se han lucrado con la llegada masiva de menas(imagen visible para usuarios registrados)
La crisis migratoria de Ceuta ha puesto al descubierto el problema de la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a España. Aunque Jovenlandia pidió la repatriación de todos estos menores, unos 1.500, el Gobierno español optó por el reparto de los menas en las comunidades autónomas. Una decisión polémica, dada la saturación de la acogida en muchas de estas comunidades.
La crisis de Ceuta ha acentuado un problema que sin embargo no es nuevo, y que plantea una gran controversia. Lo que las autoridades venden como una cuestión humanitaria se ha revelado como un negocio para algunos.
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Menores no acompañados: ¿cuestión humanitaria o negocio? | RTVE
Estos días, a raíz de lo ocurrido en Ceuta, han vuelto a resonar las polémicas declaraciones de la exconsejera melillense Cecilia González: afirmó que sería “dramático” que dejaran de existir menores extranjeros no acompañados porque “muchas familias viven de ello”. Esto alimenta las sospechas de que, efectivamente, hay un negocio alrededor de la acogida, y mientras los ciudadanos sufren las consecuencias en la seguridad y los servicios públicos, algunos políticos se benefician.
Un caso polémico en Canet de Mar
Un caso paradigmático es el de Blanca Arbell, alcaldesa de ERC en Canet de Mar. En 2019 se destapó que ganaba 8.000 euros al día (2,9 millones al año) por la acogida de cincuenta menas en un albergue propiedad de su familia. El escándalo saltó a raíz de la abusa de una menor del municipio por parte de uno de los jóvenes alojados en ese albergue.El tema fue acompañado de un gran secretismo por la negativa tanto del ayuntamiento como de ERC de dar explicaciones. Solo trascendió que la acogida respondía a un contrato de servicios por parte de la Consejería de Trabajo, entonces en manos de ERC. Es decir, que la Generalitat otorgó a la alcaldesa del mismo partido un contrato que aumentaba significativamente su sueldo público. Y que mientras los dirigentes de ERC defendían las bondades de la acogida y se lucraban con ello, los ciudadanos sufrían las consecuencias a veces terribles como el caso de la menor agredida sensual.
Todo esto entronca a su vez con los desmanes en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Este organismo funcionaba como vértice de todo un entramado que enriqueció a entidades afines con el negocio de la acogida. En este caso se cometieron irregularidades que solo se han descubierto tiempo después, como la creación de plazas fantasma en centros de acogida, la contratación irregular de servicios y un embeleco que asciende, según la Sindicatura de Cuentas, a 147 millones de euros.
