Entra en vigor el pacto migratorio de la UE: 6.000 millones en datos biométricos y muchas dudas
Este viernes 12 de junio, el nuevo Pacto de Asilo y Migración de la UE se ha convertido en papel mojado o norma aplicable, según se mire. La reforma, que ha costado una década de negociaciones, arranca con un presupuesto de 6.000 millones de euros destinados a recopilar datos biométricos de los solicitantes de asilo. Las organizaciones de derechos humanos ya han puesto el grito en el cielo: protección reducida, garantías vulneradas. Pero el escepticismo no viene solo de ese lado.
6.000 millones para una base de datos: ¿solución o control?
El paquete pretende acelerar las tramitaciones de asilo y las deportaciones, pero el núcleo de la inversión son los sistemas biométricos. Hay quien lo ve como un paso hacia la dictadura digital: «gastar 6.000 millones para asentar su dictadura», se lee en los análisis más críticos. Otros señalan que el verdadero problema es que la UE quiera salvar los muebles después de haber detonado una artefacto explosivo atómica migratoria. La ironía no falta cuando se recuerda que Siria y Afganistán ya están «perfectamente pacificados», según algunos, lo que dejaría sin base a miles de demandantes de asilo.
Un pacto que llega tarde y con muchas dudas
Para unos, lo acorazonante es que hasta ahora no hubiera un control más estricto. Para otros, el pacto es un primer paso hacia cuotas máximas de entrada y sanciones a los gobiernos díscolos. Entre medias, el escepticismo de quienes piensan que todo es un desvío de dinero y que alguien trincará. Lo curioso es que, mientras los burócratas de Bruselas celebran el primer paso hacia una política común, se repite una pregunta incómoda: si el dinero se destina a bases de datos en lugar de a integración, ¿de qué lado está la humanidad?
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